Reino Unido extendió por cinco años las licencias petroleras en Malvinas
La administración británica de las islas prorrogó los permisos vigentes para operaciones offshore y habilitó la posibilidad de extenderlos otros dos años. La decisión alcanza al proyecto Sea Lion, mientras Argentina impulsa sanciones contra las empresas involucradas y una medida judicial ordenó frenar las obras.
La administración británica de las Islas Malvinas decidió prorrogar por cinco años las licencias vigentes para la exploración petrolera offshore, una medida respaldada por el Reino Unido que vuelve a tensionar la disputa con Argentina por la explotación de recursos naturales en el Atlántico Sur.
La decisión garantiza la continuidad de las operaciones de las compañías que poseen permisos otorgados por las autoridades isleñas. Entre ellas aparecen Navitas Petroleum, Rockhopper Exploration, Borders & Southern Petroleum, Desire Petroleum y JHI Falklands.
Uno de los proyectos centrales es Sea Lion, ubicado en la cuenca norte de Malvinas, a unos 220 kilómetros del archipiélago. Navitas posee el 65% del emprendimiento y Rockhopper el 35%. El desarrollo proyecta una producción cercana a 50.000 barriles diarios y las empresas apuntan a comenzar la extracción de petróleo en 2028.
La administración isleña sostuvo que la extensión de las licencias busca brindar previsibilidad a los operadores y facilitar nuevas inversiones en la zona.
La respuesta argentina
La medida se conoce en momentos en que el Gobierno argentino endureció su posición frente a las compañías que participan en actividades hidrocarburíferas en aguas circundantes a las islas sin autorización de Buenos Aires.
El gobierno de Javier Milei presentó en el Congreso un proyecto para incrementar las sanciones económicas y penales contra empresas, accionistas y proveedores vinculados con la explotación de recursos en Malvinas sin autorización argentina.
También hubo una intervención judicial. La jueza federal de Río Grande Mariel Borruto ordenó a Navitas y Rockhopper abstenerse de iniciar, continuar o ejecutar las obras destinadas a poner en funcionamiento Sea Lion, a partir de una presentación realizada por organizaciones ambientalistas y excombatientes.
La posibilidad concreta de ejecutar esa resolución sobre compañías que operan bajo jurisdicción británica sigue siendo uno de los puntos de mayor complejidad jurídica del conflicto.
Una disputa que también continúa en Naciones Unidas
Argentina considera ilegales las licencias otorgadas unilateralmente por la administración británica y sostiene que cualquier explotación de hidrocarburos en la zona requiere autorización nacional.
Entre sus argumentos invoca la Resolución 31/49 de la Asamblea General de las Naciones Unidas, que exhortó a las partes a abstenerse de adoptar decisiones unilaterales que modifiquen la situación mientras continúa pendiente la controversia de soberanía.
El Reino Unido sostiene una posición diferente y afirma que los habitantes de las islas tienen derecho a decidir sobre la explotación de sus recursos naturales.
En junio, el Comité Especial de Descolonización de Naciones Unidas volvió a aprobar por consenso una resolución que reconoce la existencia de la disputa de soberanía e insta a Argentina y al Reino Unido a reanudar las negociaciones para alcanzar una solución pacífica.
La prórroga de las licencias petroleras suma así un nuevo capítulo a una disputa que combina soberanía, explotación de recursos naturales, intereses económicos y cuestiones ambientales, con el proyecto Sea Lion convertido en uno de los principales focos de tensión entre Buenos Aires y Londres.
