El Gobierno porteño impulsa un jury contra la jueza que cuestionó la baja de imputabilidad
El ministro de Justicia de la Ciudad, Gabino Tapia, anunció que promoverá una presentación contra Laura Beatriz De Marinis, quien declaró inconstitucional para un caso concreto el nuevo régimen penal juvenil y sobreseyó a un adolescente de 14 años acusado de tentativa de robo. La Fiscalía apeló la resolución.
El Gobierno porteño profundizó sus cuestionamientos contra la jueza Laura Beatriz De Marinis, titular del Juzgado Penal Juvenil, Contravencional y de Faltas N° 3, luego de que la magistrada declarara inconstitucional la aplicación de la nueva Ley de Régimen Penal Juvenil en una causa que involucra a un adolescente de 14 años.
El ministro de Justicia de la Ciudad, Gabino Tapia, anticipó que promoverá a título personal un pedido para que se evalúe la actuación de la magistrada. El funcionario expresó la disconformidad del Ejecutivo porteño con la decisión y cuestionó que se dejara sin aplicación, para ese expediente, una disposición aprobada recientemente por el Congreso Nacional.
El jefe de Gobierno, Jorge Macri, también anunció que impulsará el juicio político de De Marinis y cuestionó públicamente el criterio adoptado por la jueza.
El caso se inició a partir de un episodio ocurrido el 10 de septiembre, cuando un grupo de jóvenes habría intentado robarle una motocicleta a un hombre. Uno de los involucrados, identificado por sus iniciales M.I.A., tiene 14 años.
De Marinis resolvió sobreseer al adolescente tras considerar inconstitucional, para el caso concreto, la aplicación del artículo 1° de la Ley 27.801, que establece el régimen penal para adolescentes desde los 14 años.
Entre los fundamentos de su decisión, la magistrada consideró que la reducción de la edad de punibilidad podía resultar regresiva en materia de derechos de niños y adolescentes y analizó las obligaciones asumidas por el Estado argentino en tratados internacionales.
La resolución no suspende la vigencia general de la ley ni impide su aplicación en otros expedientes. Sus efectos se encuentran limitados al caso sometido a consideración de la jueza.
La Fiscalía apeló
La Fiscalía porteña presentó una apelación y cuestionó los fundamentos utilizados para declarar la inconstitucionalidad de la norma.
El fiscal general adjunto Eduardo Riggi señaló que los magistrados poseen facultades para efectuar controles de constitucionalidad, aunque remarcó el carácter excepcional de una decisión que deja sin aplicación una ley sancionada por el Congreso.
La discusión pasará ahora a una instancia superior, que deberá determinar si confirma o revoca el sobreseimiento dispuesto por De Marinis.
Un régimen que comenzó a regir este año
La Ley 27.801 fue sancionada por el Congreso el 27 de febrero de 2026 y publicada en el Boletín Oficial el 9 de marzo. La norma creó un Régimen Penal Juvenil aplicable a adolescentes desde los 14 años hasta antes de cumplir los 18.
El nuevo sistema reemplazó al régimen de la Ley 22.278 y establece un tratamiento penal específico y diferenciado del previsto para los adultos. Entre sus objetivos menciona la responsabilización del adolescente por sus actos, junto con su educación, resocialización e integración social.
La reglamentación de la nueva ley fue aprobada por el Poder Ejecutivo a comienzos de septiembre, por lo que el pronunciamiento de De Marinis aparece como una de las primeras controversias judiciales relevantes desde su puesta en funcionamiento.
El episodio abre dos discusiones paralelas: por un lado, la revisión judicial del sobreseimiento y de la declaración de inconstitucionalidad; por otro, la eventual evaluación de la conducta de la magistrada a partir de las presentaciones anunciadas desde el Gobierno porteño.
