Biocombustibles: debate por la nueva ley y advertencias de las pymes
La Cámara de Diputados analizó el proyecto que ya cuenta con media sanción del Senado. La iniciativa propone aumentar los porcentajes de mezcla de biocombustibles y modificar las reglas de comercialización. Mientras sectores agroindustriales respaldaron la reforma, productores de biodiésel advirtieron sobre el riesgo de concentración del mercado y el impacto sobre 25 pequeñas y medianas empresas.
BUENOS AIRES.– La Comisión de Energía y Combustibles de la Cámara de Diputados, presidida por Facundo Correa Llano (La Libertad Avanza), recibió a representantes empresariales, productores y especialistas para analizar el proyecto de ley que busca establecer un nuevo marco regulatorio para la producción, almacenamiento, comercialización y mezcla de biocombustibles en Argentina.
Durante la reunión del martes 20 de octubre se expusieron posiciones favorables a la modernización del sector, aunque surgieron diferencias sobre el impacto que la iniciativa podría tener en las pequeñas y medianas empresas productoras de biodiésel.
El diputado Gabriel Bornoroni (LLA) destacó que el proyecto permitiría elevar progresivamente del 12% al 15% la participación del bioetanol en las naftas y del 7,5% al 10% la del biodiésel en el gasoil. También señaló que esos porcentajes de mezcla quedarían exceptuados de determinados impuestos.
Por su parte, Carolina Basualdo (Provincias Unidas) destacó el papel de Córdoba como provincia pionera en la producción de biocombustibles y respaldó la necesidad de actualizar la legislación.
Apoyo del sector agroindustrial
Representantes de la industria del maíz, el azúcar y los aceites vegetales manifestaron su respaldo a la propuesta.
Patrick Adam, director ejecutivo de la Cámara de Bioetanol de Maíz, sostuvo que la legislación vigente quedó desactualizada frente a los avances tecnológicos y las nuevas condiciones del mercado.
Según explicó, la reforma permitiría reemplazar cupos y fórmulas de precios por mecanismos de competencia y licitaciones públicas, además de generar nuevas oportunidades de inversión.
En la misma línea, Jorge Luis Feijoo, presidente del Centro Azucarero Argentino, señaló que el bioetanol constituye una actividad fundamental para las economías regionales vinculadas con la producción de caña de azúcar.
También expresaron su acompañamiento representantes de MAIZAR, la Cámara de la Industria Aceitera y otras organizaciones agroindustriales.
Las pymes advierten sobre el riesgo de concentración
El principal cuestionamiento surgió entre los productores regionales de biodiésel, que reclamaron modificaciones al texto aprobado por el Senado.
Federico Martelli, director ejecutivo de la Cámara de Empresas Pymes Regionales Elaboradoras de Biocombustibles (CEPREB), sostuvo que las empresas de Buenos Aires, La Pampa, Entre Ríos y San Luis representan el 65% de la producción destinada al corte obligatorio de biodiésel.
El dirigente advirtió que el nuevo esquema podría comprometer la continuidad de 25 pequeñas y medianas empresas y favorecer la concentración del negocio en seis grandes compañías aceiteras.
Las objeciones también fueron acompañadas por representantes de la Cámara Panamericana de Biocombustibles Avanzados, la Asociación Argentina de Biocombustibles e Hidrógeno y la Cámara Santafesina de Energías Renovables.
Aunque estos sectores coincidieron en la necesidad de modernizar la normativa, reclamaron garantías para evitar que las modificaciones perjudiquen a los productores de menor escala.
El Congreso deberá resolver las diferencias
El diputado Eduardo Falcone (MID) reconoció que la iniciativa reunió un amplio respaldo, aunque consideró necesario encontrar una solución para los planteos de las empresas productoras de biodiésel.
El debate enfrenta dos objetivos centrales: promover mayores inversiones y competencia en el mercado energético, y preservar la participación de las industrias regionales en la producción nacional.
El proyecto ya cuenta con media sanción del Senado y deberá continuar su tratamiento en Diputados. Una eventual modificación del texto obligaría a devolverlo a la Cámara alta para su revisión.
La discusión será determinante para definir las condiciones de funcionamiento de una industria vinculada con la producción agropecuaria, las economías regionales y la diversificación de la matriz energética argentina.
