Pagano investiga contratos millonarios por el alquiler de 30.000 fotocopiadoras
La diputada nacional Marcela Pagano impulsó una investigación parlamentaria sobre los contratos de alquiler de fotocopiadoras e impresoras celebrados por distintos organismos del Estado.
La iniciativa comprende ocho pedidos de informes dirigidos a dependencias nacionales y organismos de control, con el propósito de determinar las cantidades efectivamente contratadas, los precios abonados, las condiciones de adjudicación y los servicios prestados.
Las denuncias, difundidas por La Política Online y otros medios, mencionan un universo de aproximadamente 30.000 equipos y señalan como principal empresa involucrada a TNGROUP SA, presidida por Alejandro Trasmonte.
La cifra global de máquinas todavía requiere verificación mediante inventarios y documentación contractual.
Alquilar una máquina costaría más que comprarla
Uno de los ejemplos difundidos por el periodista Tomás Méndez en Canal 9 corresponde al alquiler de 17 equipos durante doce meses por aproximadamente $41,8 millones.
De acuerdo con esos datos, cada máquina representa un gasto anual cercano a $2,46 millones, mientras que el precio de adquisición de un equipo comparable se estimó en $1,4 millones.
La diferencia plantea un interrogante sobre la conveniencia económica del alquiler.
Sin embargo, para determinar si existe un sobreprecio resulta necesario conocer qué prestaciones incluye el contrato: mantenimiento, repuestos, insumos, asistencia técnica, cantidad de impresiones y eventual reemplazo de equipos.
Comparar exclusivamente el alquiler con el precio de compra no permite establecer por sí mismo una irregularidad.
Más de $29.000 millones bajo análisis
Según las cifras publicadas, TNGROUP habría recibido contrataciones estatales por aproximadamente $29.750 millones entre 2017 y 2026.
El dato más significativo corresponde a 2025, cuando la facturación atribuida a la empresa habría alcanzado los $21.412 millones, en buena medida mediante un acuerdo marco utilizado por dependencias de la administración nacional.
Las estimaciones periodísticas también calculan que los montos acumulados equivaldrían a unos $110.900 millones expresados a valores de agosto de 2026.
Estas cifras son parte de la información que se busca verificar. Hasta tanto se examinen las órdenes de compra, facturas y pagos, no corresponde equiparar automáticamente los importes denunciados con desembolsos efectivamente acreditados.
Ocho organismos deberán aportar documentación
Los pedidos de Pagano alcanzan a la ANSES, ARCA, el Ministerio de Capital Humano, la Agencia de Administración de Bienes del Estado, el INCUCAI, la Oficina Nacional de Contrataciones, la Auditoría General de la Nación y la Sindicatura General de la Nación.
La legisladora solicita expedientes completos, pliegos, ofertas, dictámenes de evaluación, contratos, órdenes de compra e inventarios.
También requiere identificar los equipos por número de serie, su ubicación, los registros de utilización y las constancias de mantenimiento.
Este último punto resulta fundamental: conocer cuántas fotocopias e impresiones se realizaron efectivamente permitirá evaluar si el gasto se corresponde con una necesidad real de funcionamiento.
Adjudicaciones por casi $16.000 millones en tres organismos
Una investigación de NewsDigitales, basada en documentación exhibida por Canal 9, identificó cinco adjudicaciones a TNGROUP por un total de $15.863 millones.
Los importes publicados corresponden a:
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Cancillería: dos contrataciones por $3.142 millones y $893 millones.
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ARCA: una orden de compra de agosto de 2025 por $2.190 millones.
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ANSES: dos adjudicaciones por $5.550 millones y $4.086 millones.
Los montos corresponden a adjudicaciones informadas y no necesariamente a pagos ya ejecutados.
Las contrataciones también alcanzan al Ejército
Los cuestionamientos incluyen referencias a contrataciones realizadas durante la gestión de Luis Petri al frente del Ministerio de Defensa.
Las publicaciones periodísticas mencionan una adjudicación de aproximadamente $374,6 millones vinculada con el Ejército.
Por otra parte, los registros de contratación pública permiten identificar una licitación del Colegio Militar de la Nación, publicada en septiembre de 2026, destinada al alquiler de fotocopiadoras e impresoras, con mantenimiento integral e insumos.
La existencia de ese procedimiento demuestra que las dependencias militares continúan requiriendo servicios de impresión, pero no acredita por sí sola que TNGROUP haya resultado adjudicataria ni que exista una irregularidad.
La digitalización del Estado, en discusión
La investigación plantea una contradicción que merece una explicación pública.
Mientras el Gobierno nacional impulsa la reducción de estructuras administrativas y la digitalización de trámites, diferentes dependencias mantienen contratos de impresión y fotocopiado por importes significativos.
La utilización de documentos físicos no constituye necesariamente un gasto injustificado. Sin embargo, resulta pertinente conocer si las cantidades contratadas guardan relación con las necesidades actuales de cada organismo.
También debe examinarse si se evaluaron alternativas más económicas, como la adquisición directa de equipos o la contratación de servicios por volumen efectivo de impresión.
El Congreso busca determinar responsabilidades
Los pedidos de informes constituyen una instancia de control parlamentario, no una determinación de culpabilidad.
Hasta el momento, los elementos publicados no permiten afirmar que exista un delito, una maniobra de corrupción o un perjuicio patrimonial efectivamente comprobado.
Para establecer eventuales responsabilidades será necesario conocer los expedientes completos, identificar a los funcionarios que aprobaron las contrataciones y verificar si los precios respondían a valores de mercado.
También corresponde determinar qué participación tuvieron las distintas administraciones nacionales, dado que la relación comercial investigada se remonta a gobiernos anteriores al de Javier Milei.
La controversia pone a prueba uno de los principales compromisos del Gobierno: garantizar un uso eficiente y transparente de los recursos públicos. La respuesta dependerá de la documentación que aporten los organismos involucrados y de las conclusiones que puedan elaborar las instituciones de control.
