Avanza en el Senado el traspaso de competencias de la Justicia Nacional a la Ciudad
Las comisiones de Justicia y Asuntos Penales y de Presupuesto y Hacienda pusieron a la firma los dictámenes sobre dos convenios entre Nación y CABA. Magistrados y trabajadores judiciales cuestionaron el proyecto y advirtieron sobre la estabilidad laboral, la independencia judicial y las consecuencias presupuestarias.
El Senado dio un nuevo paso en el proceso de transferencia de competencias de la Justicia Nacional a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Tras escuchar a especialistas, magistrados, funcionarios y representantes gremiales, las comisiones intervinientes pusieron a la firma los dictámenes correspondientes a dos convenios celebrados entre el Gobierno nacional y la administración porteña.
El plenario conjunto de las comisiones de Justicia y Asuntos Penales y de Presupuesto y Hacienda analizó el acuerdo para transferir a CABA la función judicial en materia criminal y correccional de menores y el denominado Cuarto Convenio de Transferencia Progresiva de Competencias Penales.
Ambos acuerdos fueron suscriptos el 3 de julio de 2026 y forman parte del proceso destinado a ampliar las atribuciones judiciales de la Ciudad en función de la autonomía reconocida por el artículo 129 de la Constitución Nacional.
Desde el oficialismo defendieron la iniciativa. El senador Gonzalo Guzmán Coraita sostuvo que se trata de una nueva etapa de un proceso iniciado años atrás para concretar plenamente la autonomía porteña.
Representantes del Ministerio de Justicia nacional afirmaron, además, que CABA dispone de capacidad institucional para asumir las nuevas competencias y señalaron que la metodología utilizada es similar a la aplicada en transferencias anteriores.
Sin embargo, durante la reunión surgieron fuertes cuestionamientos.
El presidente de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Criminal y Correccional, Ricardo Pinto, advirtió que el traspaso de la Justicia Nacional de Menores genera “incertidumbre e inestabilidad” para jueces, funcionarios y empleados. También planteó dudas sobre qué ocurrirá con los actuales juzgados nacionales una vez que pierdan esas competencias.
Desde la Asociación de Magistrados y Funcionarios de la Justicia Nacional reiteraron su rechazo al traspaso y señalaron objeciones vinculadas con la Constitución Nacional y la denominada Ley Cafiero.
Los representantes de los trabajadores judiciales también reclamaron mayores precisiones. Gonzalo Martínez Salum sostuvo que los convenios no definen adecuadamente qué sucederá con el personal involucrado y pidió que sean rechazados o suspendidos hasta que exista una solución para los empleados.
Desde la Unión de Empleados de la Justicia de la Nación, Rocío Herrera fue aún más crítica y advirtió sobre posibles consecuencias para el federalismo y sobre la brecha presupuestaria existente entre la Ciudad y las provincias.
En sentido contrario, autoridades judiciales porteñas aseguraron que CABA está en condiciones de recibir las nuevas competencias. El presidente de la Cámara de Casación y Apelaciones porteña, Javier Buján, pidió al Congreso la aprobación de los convenios.
Finalizadas las exposiciones, los dictámenes fueron puestos en circulación para la firma de los senadores, dejando los acuerdos en condiciones de continuar su trámite parlamentario.
