Discapacidad: Diputados dictaminó un régimen permanente y la oposición insistió con prorrogar la emergencia
La Libertad Avanza consiguió dictamen de mayoría para una nueva legislación permanente sobre discapacidad. El despacho reunió 42 firmas y mantiene las pensiones no contributivas, su compatibilidad con el empleo y el esquema de actualización de prestaciones. La oposición obtuvo 36 firmas para extender la Emergencia Nacional en Discapacidad hasta el 31 de diciembre de 2027.
Las comisiones de Discapacidad y de Presupuesto y Hacienda de la Cámara de Diputados emitieron dictamen de mayoría a favor de un nuevo régimen permanente para las personas con discapacidad, impulsado por La Libertad Avanza y acompañado por sectores aliados.
El despacho obtuvo 42 firmas, mientras que el dictamen que propone prorrogar hasta el 31 de diciembre de 2027 la actual Emergencia Nacional en Discapacidad reunió 36 adhesiones. El proyecto oficialista quedó así en condiciones de avanzar al recinto como despacho de mayoría.
Una ley permanente en lugar de la emergencia
El proyecto impulsado por LLA fue denominado “Ley de Fortalecimiento, Sostenibilidad y Eficiencia Permanente del Sistema de Discapacidad” y busca transformar en políticas permanentes varios de los mecanismos incorporados durante el régimen de emergencia.
La diputada Laura Rodríguez Machado explicó durante el plenario que la intención es reemplazar el carácter excepcional de la emergencia por una legislación estable.
La propuesta mantiene, entre otros puntos, las pensiones no contributivas por discapacidad, la posibilidad de compatibilizarlas con determinados niveles de ingresos laborales, la universalidad del nomenclador de prestaciones y un mecanismo de actualización de los aranceles.
Pensiones y trabajo
Uno de los aspectos centrales del proyecto es la continuidad de las pensiones no contributivas.
El esquema mantiene el beneficio equivalente al 70% del haber mínimo jubilatorio y contempla la posibilidad de que las personas beneficiarias puedan incorporarse al mercado laboral sin perder automáticamente la prestación, dentro de los límites de ingresos establecidos por la normativa.
La iniciativa también contempla cobertura sanitaria para los beneficiarios y beneficios impositivos para determinados empleadores que incorporen personas con discapacidad por tiempo indeterminado.
El punto busca atender uno de los reclamos históricos del sector: evitar que el acceso a un empleo formal implique necesariamente la pérdida inmediata de una prestación vinculada con la discapacidad.
Nomenclador y actualización de aranceles
El dictamen ratifica además la universalidad y homogeneidad de los aranceles del nomenclador nacional de prestaciones básicas para personas con discapacidad.
También prevé mecanismos de actualización de los valores que reciben los prestadores, una cuestión que durante los últimos años generó numerosos conflictos entre centros de atención, transportistas, profesionales, instituciones y el Estado.
Rodríguez Machado afirmó ante las comisiones que el nuevo régimen pretende mantener esas garantías de manera permanente y acompañarlas con mecanismos de control y auditoría.
Financiamiento bajo discusión
El financiamiento fue uno de los aspectos centrales de la negociación entre el oficialismo y los bloques aliados.
El dictamen establece la necesidad de contar con partidas presupuestarias específicas y suficientes para sostener el sistema. La discusión adquirió especial relevancia luego de las controversias generadas por las disposiciones vinculadas con discapacidad incluidas originalmente en el proyecto de Presupuesto 2027.
Durante las negociaciones parlamentarias, sectores aliados reclamaron que cualquier nuevo régimen garantizara expresamente los recursos necesarios para mantener prestaciones, pensiones y actualizaciones.
La oposición quiere extender la emergencia hasta 2027
Unión por la Patria, sectores de Provincias Unidas y el Frente de Izquierda, entre otros espacios, defendieron un dictamen alternativo que propone prorrogar la Emergencia Nacional en Discapacidad hasta el 31 de diciembre de 2027.
Ese despacho reunió 36 firmas.
El diputado Juan Marino defendió la continuidad de la emergencia, mientras que Nicolás del Caño también respaldó esa alternativa. María Inés Zigarán, de Provincias Unidas, reconoció que el proyecto oficialista incorpora varios de los puntos previstos actualmente, pero sostuvo su apoyo a la prórroga de la emergencia.
El oficialismo reunió 42 firmas
El dictamen de mayoría fue respaldado principalmente por La Libertad Avanza y el PRO, junto con legisladores de la UCR y espacios provinciales.
Parte de los acompañamientos fueron realizados con disidencias. Entre quienes expresaron reparos se encontraron legisladores del MID, Argentina Federal y La Neuquinidad, principalmente en relación con aspectos vinculados con el financiamiento y la implementación futura del régimen.
El plenario había sido convocado luego de que la Cámara de Diputados aprobara, en la sesión especial del 9 de septiembre, un emplazamiento para que las comisiones tratar
