Malvinas: la Justicia pidió datos a Reino Unido e Israel por las petroleras que operan en las islas
El juez federal Julián Ercolini avanzó con pedidos de cooperación judicial para identificar a los directivos y responsables de Rockhopper Exploration y Navitas Petroleum. La investigación se centra en el proyecto Sea Lion y en actividades hidrocarburíferas que la Argentina considera ilegales por realizarse sin autorización nacional en el área de las Islas Malvinas.
La Justicia argentina profundizó la investigación sobre las compañías extranjeras involucradas en la exploración y futura explotación de petróleo en las Islas Malvinas y solicitará información a las autoridades judiciales del Reino Unido e Israel.
El juez federal Julián Ercolini aceptó medidas solicitadas por el fiscal Carlos Stornelli destinadas a establecer quiénes integran y dirigieron las empresas Rockhopper Exploration y Navitas Petroleum, involucradas en el proyecto hidrocarburífero Sea Lion.
Buscan identificar a los responsables
El objetivo de la investigación es individualizar a directivos, representantes legales y otras personas que hayan intervenido en las actividades cuestionadas para evaluar eventuales responsabilidades penales.
La fiscalía busca avanzar posteriormente con llamados a declaración indagatoria. Según la información conocida del expediente, si las personas eventualmente convocadas no se presentaran ante la Justicia argentina, podrían evaluarse pedidos de captura internacional a través de Interpol.
La investigación fue ampliada para alcanzar a Rockhopper Exploration PLC, Rockhopper Exploration (Oil) Limited, Rockhopper Exploration (Hydrocarbons) Limited y Navitas Petroleum Development and Production Limited, además de las personas que hubieran actuado en representación o beneficio de esas sociedades.
Qué información se pidió al Reino Unido
A las autoridades británicas se les requerirá información sobre la estructura societaria de las compañías vinculadas al grupo Rockhopper.
La Justicia busca conocer la identidad de sus autoridades y representantes legales desde 2012, además de obtener antecedentes sobre las licencias otorgadas para desarrollar actividades petroleras en las Islas Malvinas y sus aguas circundantes.
También se pretende determinar los vínculos comerciales y societarios entre Rockhopper y Navitas.
El pedido a Israel por Navitas
En el caso de Israel, el exhorto estará dirigido a obtener información registral sobre Navitas Petroleum, incluyendo la composición de sus órganos de administración y representación desde 2012.
La investigación busca además reconstruir las relaciones societarias y comerciales de la compañía con las empresas británicas vinculadas al desarrollo petrolero.
Navitas aparece como la principal operadora del proyecto Sea Lion. De acuerdo con documentación incorporada al expediente por Cancillería, tendría una participación del 65%, mientras que Rockhopper Exploration (Hydrocarbons) Limited conservaría el restante 35% en las licencias vinculadas con ese yacimiento.
El proyecto Sea Lion
Sea Lion constituye uno de los principales desarrollos hidrocarburíferos proyectados en las aguas que rodean las Islas Malvinas.
El yacimiento está ubicado aproximadamente 220 kilómetros al norte del archipiélago, en un área cuya soberanía es objeto de la disputa entre Argentina y el Reino Unido y que el Estado argentino considera parte de su plataforma continental.
Argentina sostiene que las actividades de exploración y explotación de hidrocarburos efectuadas sin autorización nacional en esa zona violan la legislación argentina.
La fiscalía encuadró provisoriamente los hechos investigados en disposiciones de la Ley 26.659, que establece condiciones y sanciones para las actividades hidrocarburíferas desarrolladas en la plataforma continental argentina sin habilitación de la autoridad competente.
Testigos e informes oficiales
La investigación no quedará limitada a los exhortos internacionales.
Entre las medidas solicitadas se encuentra la declaración testimonial de la embajadora Paula Iris Di Chiario, vinculada con un informe elaborado por la Secretaría de Malvinas, Antártida, Política Oceánica y Atlántico Sur.
También se pedirán antecedentes a la Secretaría de Energía sobre expedientes y resoluciones dictadas respecto de Rockhopper y otras compañías investigadas.
La Jefatura de Gabinete deberá informar sobre eventuales actuaciones ambientales, mientras que al Ministerio de Seguridad se le solicitarán antecedentes sobre denuncias o investigaciones desarrolladas por fuerzas federales.
El Gobierno también inició sanciones
La investigación judicial avanza en paralelo con procedimientos administrativos promovidos por el Gobierno nacional contra empresas, accionistas y proveedores vinculados con las operaciones hidrocarburíferas en Malvinas.
Durante septiembre, el Ejecutivo informó avances contra empresas y personas que, según las autoridades argentinas, habrían infringido las prohibiciones previstas por la Ley 26.659.
Entre los actores señalados aparecen firmas británicas e israelíes vinculadas directa o indirectamente con Rockhopper y Navitas.
Otra causa avanza en Tierra del Fuego
Paralelamente existe una actuación judicial diferente vinculada con las mismas petroleras.
La jueza federal de Garantías de Río Grande, Mariel Borruto, se declaró competente para intervenir en una acción preventiva por posible daño ambiental y soberano contra Rockhopper Exploration y Navitas Petroleum.
Esa demanda fue promovida por la Asociación de Abogados y Abogadas Ambientalistas y el Centro de Ex Combatientes Islas Malvinas de La Plata y se tramita separadamente de la investigación que impulsa Stornelli ante Ercolini.
El avance de las causas judiciales y de los procedimientos administrativos coloca nuevamente en el centro de la agenda la explotación de los recursos naturales del Atlántico Sur, en momentos en que el desarrollo de Sea Lion ingresa en una etapa decisiva y la Argentina busca impedir que empresas extranjeras operen en el área de Malvinas sin autorización nacional.
