Valdez: “Las personas con discapacidad necesitan políticas de Estado que no cambien con los gobiernos”
El diputado nacional Eduardo Valdés destacó el acuerdo alcanzado en la Cámara de Diputados para avanzar hacia un régimen permanente de protección de los derechos de las personas con discapacidad. Reivindicó la lucha de las familias y los prestadores, cuestionó los maltratos y las interrupciones de prestaciones y reclamó que la discapacidad deje de depender de las decisiones de cada gobierno.
Después de más de dos años y medio de lucha del colectivo de personas con discapacidad, sus familias y los prestadores, valoro el acuerdo alcanzado en la Cámara de Diputados. Es un paso importante que debe permitir construir políticas públicas permanentes, capaces de garantizar derechos más allá de los cambios de gobierno.
Durante este tiempo, las personas con discapacidad y sus familias atravesaron situaciones de enorme angustia. Debieron soportar interrupciones de prestaciones, dificultades para acceder a medicamentos y tratamientos, y un trato que en numerosas oportunidades resultó ofensivo y discriminatorio.
También fueron víctimas de expresiones utilizadas por funcionarios públicos para calificar los distintos grados de discapacidad, incluyendo episodios tan graves como la exhibición de radiografías de animales para desacreditar reclamos.
En lo personal, debí afrontar una denuncia penal presentada por Diego Spagnuolo, impulsada por el fiscal Carlos Stornelli y posteriormente rechazada por la jueza María Servini. Sin embargo, ninguna de esas circunstancias puede compararse con lo que sufrieron las personas con discapacidad y sus familias.
La discapacidad es un derecho, no una beneficencia
La discapacidad debe ser una política de Estado. No puede convertirse en una bandera de un partido contra otro ni quedar sometida a las decisiones circunstanciales de una administración.
Estamos hablando de derechos humanos fundamentales, garantizados por nuestra Constitución Nacional y por los tratados internacionales suscriptos por la Argentina.
En 2014, durante la presidencia de Cristina Fernández de Kirchner, el Congreso otorgó jerarquía constitucional a la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad mediante la Ley 27.044. Aquella decisión fue adoptada por unanimidad, incluso en un contexto de fuertes diferencias políticas.
Algo semejante había ocurrido en 1997, durante la presidencia de Carlos Menem, cuando se sancionó la Ley 24.901, que estableció el Sistema de Prestaciones Básicas de Atención Integral a favor de las Personas con Discapacidad.
Estos antecedentes demuestran que, cuando se trata de garantizar derechos esenciales, es posible construir consensos que trasciendan las divisiones partidarias.
Las necesidades no se interrumpen con los gobiernos
Las personas con discapacidad necesitan continuidad. Sus tratamientos, apoyos, medicamentos, terapias y servicios de acompañamiento no pueden suspenderse por decisiones administrativas, disputas presupuestarias o cambios de orientación política.
La interrupción de una prestación puede provocar consecuencias irreversibles en la salud, la autonomía y la calidad de vida de una persona.
La discapacidad atraviesa todas las clases sociales y compromete distintas áreas del Estado: salud, educación, trabajo, transporte, vivienda y seguridad social.
Por eso, una política verdaderamente inclusiva necesita presupuesto, planificación, participación de las organizaciones y compromiso de todos los poderes públicos.
Una sociedad democrática también se mide por su capacidad para eliminar las barreras que impiden a las personas ejercer plenamente sus derechos.
Un acuerdo que debe convertirse en una garantía permanente
Quiero agradecer a mi bloque de Unión por la Patria y también al oficialismo, que supo incorporar las modificaciones solicitadas al dictamen legislativo.
El entendimiento permitió que la Cámara de Diputados otorgara media sanción, con 237 votos afirmativos, 9 negativos y 4 abstenciones, a un proyecto destinado a establecer un régimen permanente de prestaciones y pensiones por discapacidad.
Pero el reconocimiento principal corresponde a las personas con discapacidad, sus familias, las organizaciones y los prestadores, que sostuvieron sus reclamos durante todo este tiempo.
El principio que debe orientar cualquier decisión pública es claro: “Nada sobre nosotros sin nosotros”.
No se pueden diseñar políticas sobre discapacidad sin escuchar y garantizar la participación de quienes viven diariamente las consecuencias de esas decisiones.
Una pregunta que el Estado debe responder
Detrás de cada discusión legislativa hay personas, familias e historias concretas. Hay madres y padres que dedican su vida al cuidado de sus hijos y que conviven con una preocupación permanente sobre su futuro.
Es una pregunta que expresa uno de los temores más profundos de miles de familias:
“¿Qué va a ser de mis hijos el día que yo no esté?”.
Una política de Estado debe ser capaz de ofrecer una respuesta a esa incertidumbre, garantizando que los derechos, los apoyos y las condiciones de vida digna no dependan exclusivamente de la presencia de los familiares ni de la voluntad del gobierno de turno.
La continuidad de las prestaciones, la autonomía personal y la inclusión deben convertirse en garantías efectivas.
El acuerdo alcanzado representa una oportunidad para avanzar en esa dirección. Pero su verdadero valor estará dado por el cumplimiento de las normas, la asignación de los recursos necesarios y la participación de las personas con discapacidad en todas las decisiones que las involucren.
Porque la discapacidad no es una cuestión de beneficencia. Es una cuestión de derechos, de igualdad y de responsabilidad del Estado.
