El Congreso registró su menor producción legislativa en más de cuatro décadas
Una actividad legislativa muy por debajo del promedio histórico
El Congreso de la Nación registró durante 2025 uno de los niveles más bajos de producción legislativa desde la recuperación democrática de 1983.
Según el informe Congreso de la Nación Argentina: análisis institucional histórico del Poder Legislativo (1983-2025), elaborado por el Observatorio del Control Público de la Fundación Éforo, durante el período ordinario se sancionaron solamente 11 leyes, frente a un promedio histórico superior a 122 por año.
La diferencia equivale a una reducción cercana al 91% respecto de ese promedio.
El balance corresponde a las sesiones ordinarias y no incluye otras dos leyes sancionadas durante el período extraordinario de diciembre.
La fragmentación política dificulta los acuerdos
La investigación identifica la composición del Congreso como uno de los principales factores que explican la caída de la producción normativa.
En 1983, la Cámara de Diputados estaba organizada principalmente alrededor de dos grandes fuerzas políticas: el radicalismo y el peronismo. Con el transcurso de las décadas, la representación parlamentaria se fragmentó progresivamente.
En 2017 llegaron a coexistir más de 40 bloques, muchos integrados por apenas tres legisladores o menos.
Esta transformación modificó las condiciones de negociación y aumentó la necesidad de acuerdos entre distintas fuerzas para conseguir mayorías.
El fenómeno también aparece reflejado en los promedios históricos. Entre 1994 y 1998 se sancionaban alrededor de 154 leyes anuales, mientras que entre 2019 y 2023 esa cifra descendió a 59.
Ninguna de las 11 leyes ordinarias fue iniciativa del Gobierno
Un informe de la Fundación Directorio Legislativo aporta otro dato relevante: ninguna de las 11 leyes sancionadas durante las sesiones ordinarias de 2025 tuvo su origen en un proyecto presentado por el gobierno de Javier Milei.
Tres correspondieron a acuerdos internacionales impulsados por administraciones anteriores y las restantes fueron iniciativas promovidas desde la oposición.
Entre las normas aprobadas estuvieron la emergencia en discapacidad, el financiamiento universitario, la emergencia pediátrica, medidas previsionales y modificaciones al sistema de Aportes del Tesoro Nacional.
La relación entre el Ejecutivo y el Congreso estuvo marcada por una confrontación que se manifestó tanto en las dificultades para aprobar proyectos como en el uso de vetos presidenciales y mecanismos parlamentarios para insistir en leyes rechazadas por el Gobierno.
Los vetos presidenciales reflejan las tensiones institucionales
La Fundación Éforo identificó 417 vetos presidenciales entre 1983 y 2025, de los cuales 201 fueron totales y 216 parciales.
Carlos Menem concentró 195 durante sus presidencias, seguido por Raúl Alfonsín, con 49, y Fernando de la Rúa, con 46.
En el caso de Javier Milei, el estudio contabilizó nueve vetos hasta septiembre de 2025, con tres insistencias legislativas exitosas.
El informe de Directorio Legislativo registró siete vetos sobre las leyes sancionadas durante el período ordinario de 2025.
Estas cifras muestran que la confrontación entre el Poder Ejecutivo y el Legislativo no constituye un fenómeno nuevo, aunque adquiere características particulares cuando el oficialismo no dispone de mayorías propias.
Dos años consecutivos sin un presupuesto aprobado
Otro aspecto destacado es la ausencia de una nueva Ley de Presupuesto durante 2024 y 2025.
En ambos ejercicios se prorrogó el presupuesto correspondiente a 2023, situación que redujo la intervención legislativa ordinaria en la definición anual de los recursos y gastos públicos.
Desde la recuperación democrática, la Argentina atravesó cinco ejercicios sin una nueva ley presupuestaria: 2011, 2020, 2022, 2024 y 2025.
La reiteración de esta situación plantea interrogantes sobre la planificación estatal, la distribución de recursos y las funciones de control que la Constitución asigna al Congreso.
Las deudas pendientes de la reforma constitucional
El relevamiento también identifica problemas institucionales que permanecen sin solución.
La reforma constitucional de 1994 estableció la necesidad de sancionar una nueva ley de coparticipación federal. Sin embargo, más de tres décadas después continúa vigente el régimen transitorio establecido en 1988.
Tampoco se sancionó ninguna ley originada mediante el mecanismo constitucional de iniciativa popular.
A esto se suma la distribución de bancas en la Cámara de Diputados, que continúa basada en criterios poblacionales vinculados con el censo de 1980.
Según los cálculos expuestos por la Fundación Éforo, si se aplicara una actualización basada en el censo de 2022, la Cámara debería contar con 363 integrantes, frente a los actuales 257. La provincia de Buenos Aires incorporaría 42 bancas.
La cantidad de leyes no es el único indicador de funcionamiento
El bajo número de normas sancionadas constituye un dato relevante, pero no alcanza por sí solo para determinar la calidad del trabajo legislativo.
La actividad del Congreso también comprende el control del Poder Ejecutivo, el tratamiento de decretos, los pedidos de informes, la investigación parlamentaria y el debate sobre políticas públicas.
Asimismo, una mayor cantidad de leyes no garantiza necesariamente una mejora institucional: también importan su contenido, impacto y aplicación.
Sin embargo, la distancia entre los proyectos presentados y las normas finalmente sancionadas muestra las dificultades del sistema político para transformar iniciativas en decisiones legislativas.
El informe plantea una cuestión central para la democracia argentina: cómo recuperar la capacidad de construir acuerdos, garantizar la representación política y fortalecer los mecanismos de control entre los poderes del Estado.
