Impulsan una ley para ordenar la transición entre gobiernos bonaerenses rumbo a 2027
El diputado bonaerense Ricardo Lissalde presentó un proyecto para institucionalizar el traspaso de mando en la Provincia. La iniciativa busca fijar plazos, responsabilidades y acceso obligatorio a la información para evitar conflictos entre gestiones salientes y entrantes.
En la Legislatura bonaerense comenzó a tomar forma un debate con proyección directa sobre el escenario político de 2027. El diputado Ricardo Lissalde presentó un proyecto de ley para regular el proceso de transición entre gobiernos en la provincia de Buenos Aires, con el objetivo de establecer reglas claras para el traspaso de mando cuando finalice la gestión de Axel Kicillof.
La iniciativa apunta a terminar con las transiciones informales, que hasta ahora —según se desprende de los fundamentos— dependieron en gran medida del nivel de diálogo político y de la voluntad de las administraciones salientes. En ese sentido, el proyecto busca institucionalizar el intercambio de información y evitar tensiones innecesarias durante el cambio de gestión.
Entre los puntos centrales, el texto define que la transición comenzará una vez proclamadas las nuevas autoridades y se extenderá hasta la asunción formal del nuevo gobernador. Para ello se propone la creación de un Consejo de Transición Saliente y un Consejo de Transición Entrante, encargados de coordinar la entrega de datos e informes sobre el estado general de la administración pública.
El proyecto establece además que los informes deberán incluir información presupuestaria, financiera, nivel de endeudamiento, contratos vigentes, personal, concesiones y estado de las distintas áreas de gobierno, con carácter de declaración jurada.
Otro de los ejes clave es la obligación de los funcionarios en ejercicio de no obstaculizar el acceso a la información, así como la previsión de sanciones en caso de incumplimiento, al considerar esas conductas como posibles faltas en el ejercicio de la función pública.
La iniciativa también contempla que el Informe Final de Transición sea publicado dentro de los 30 días hábiles posteriores a la asunción de las nuevas autoridades, como mecanismo de transparencia institucional.
El proyecto cobra especial relevancia por su proyección política: 2027 marcará el cierre del segundo mandato consecutivo de Kicillof, quien no podrá ser reelegido, por lo que el debate ya empieza a leerse en clave de sucesión y ordenamiento institucional.
