Revés para Burford en la causa YPF
La Justicia de Nueva York rechazó un pedido de Burford Capital para revisar aspectos de la sentencia por la expropiación de YPF. La decisión fortalece la posición argentina mientras continúa la disputa por el monto y la ejecución del fallo.
La jueza Loretta Preska rechazó un planteo presentado por Burford Capital, el fondo que adquirió los derechos de litigio de los accionistas que demandaron a la Argentina por la expropiación de YPF. La decisión representa un revés para los demandantes en una causa que mantiene en vilo al Gobierno nacional por las multimillonarias cifras en discusión.
Según informó Ámbito Financiero, Burford buscaba reabrir aspectos vinculados a la sentencia dictada en 2023, mediante la cual la magistrada determinó que Argentina incumplió normas estatutarias al expropiar la petrolera en 2012. Sin embargo, la jueza consideró que no existían fundamentos suficientes para revisar lo ya resuelto.
El litigio se originó tras la decisión del gobierno de Cristina Fernández de Kirchner de nacionalizar el 51% de las acciones de YPF que se encontraban en poder de Repsol. Los demandantes sostuvieron que el Estado argentino debió realizar una oferta pública de adquisición para el resto de los accionistas, tal como establecía el estatuto de la compañía.
La sentencia de Preska fijó una indemnización superior a los 16.000 millones de dólares, una cifra que continúa siendo objeto de apelaciones y negociaciones judiciales. Desde la llegada de Javier Milei al poder, el Gobierno mantuvo la estrategia de defensa iniciada por administraciones anteriores y busca reducir el impacto financiero de una eventual ejecución del fallo.
Especialistas en derecho internacional destacan que la resolución no implica el cierre definitivo del caso, ya que continúan abiertos distintos recursos ante instancias superiores. No obstante, el rechazo al pedido de Burford es interpretado como una señal favorable para la posición argentina dentro de una disputa que podría extenderse durante varios años más.
Mientras tanto, la causa sigue siendo observada de cerca por los mercados financieros y por el sector energético. El desenlace del juicio podría tener consecuencias relevantes sobre las cuentas públicas, la situación patrimonial de YPF y la capacidad del país para acceder al financiamiento
