Desvían fondos para las rutas para sostener el equilibrio fiscal
Presentaron una denuncia penal
El vocero presidencial Adrián Ravier reconoció que una parte de los recursos provenientes de impuestos que deberían financiar infraestructura vial es administrada por el Ministerio de Economía con el objetivo de sostener el equilibrio fiscal. Según los datos conocidos, el SisVial recaudó más de $1,5 billones desde 2024, pero apenas $394.406 millones fueron aplicados a su destino específico. Tras las declaraciones del funcionario, la diputada Victoria Tolosa Paz presentó una denuncia penal ante la Justicia Federal.
El Gobierno nacional reconoció que parte de los fondos recaudados para la construcción, reparación y mantenimiento de las rutas nacionales no está siendo utilizada actualmente para esas obras, sino que permanece bajo la administración del Ministerio de Economía como parte de la estrategia para alcanzar el equilibrio fiscal.
La admisión llegó de boca del vocero presidencial Adrián Ravier durante una entrevista concedida a El Diario de La Pampa, cuando fue consultado sobre qué ocurre con los recursos provenientes de los impuestos que pagan los automovilistas al cargar combustible.
Ravier sostuvo que una parte de la recaudación efectivamente llega a Vialidad Nacional, pero reconoció que otra queda bajo disposición del Ministerio de Economía, conducido por Luis Caputo, dentro del esquema fiscal implementado por la administración de Javier Milei.
El funcionario admitió además que no podía precisar cuánto del dinero recaudado se destina efectivamente al mantenimiento de las rutas.
Más de $1 billón sin aplicar a las rutas
Los números conocidos posteriormente dimensionan la magnitud del problema.
Entre 2024 y mayo de 2026, el Sistema Vial Integrado (SisVial) recaudó aproximadamente $1,503 billones. Sin embargo, durante ese mismo período se aplicaron $394.406 millones a obras y mantenimiento vial.
La diferencia representa una subejecución acumulada del 73,8%.
La ejecución también muestra fuertes diferencias año por año:
en 2024 se utilizó apenas el 11,3% de los recursos disponibles; durante 2025 el porcentaje ascendió al 39%; y entre enero y mayo de 2026 volvió a caer al 18,5%.
Al 31 de mayo, aproximadamente $1,001 billones estaban colocados en inversiones financieras, principalmente plazos fijos y títulos públicos, mientras otros $37.761 millones permanecían depositados en una cuenta corriente.
Fondos que tienen una afectación específica
El punto que abre el conflicto político y jurídico es el destino previsto para esos recursos.
El SisVial integra el Sistema de Infraestructura de Transporte y recibe parte de los recursos derivados del impuesto a los combustibles. La normativa establece una asignación específica para financiar infraestructura y actividades vinculadas con el sistema vial.
La regulación vigente establece, además, que el 50% de determinados recursos integrados al fideicomiso de infraestructura del transporte se destina al Sistema Vial Integrado.
Por esa razón, la utilización o inmovilización de una parte importante de esos recursos con objetivos fiscales comenzó a generar cuestionamientos acerca de si el Ejecutivo puede disponer de fondos con afectación específica sin aplicarlos al destino previsto.
Tolosa Paz llevó el caso a la Justicia
Las declaraciones de Ravier tuvieron rápidamente consecuencias judiciales.
La diputada nacional Victoria Tolosa Paz presentó este lunes una denuncia ante la Justicia Federal para que se investigue el manejo de los recursos del SisVial.
La legisladora pidió determinar si funcionarios nacionales pudieron haber incurrido en los delitos de malversación de caudales públicos, administración fraudulenta en perjuicio de la administración pública, incumplimiento de los deberes de funcionario público y negociaciones incompatibles con la función pública.
La denuncia pone particularmente la lupa sobre aproximadamente $1,038 billones que, según los datos incorporados a la presentación, no fueron aplicados a obras y mantenimiento de las rutas nacionales.
También solicita establecer quién ordenó mantener o invertir esos fondos y determinar si existieron recursos recaudados que ni siquiera llegaron a ingresar efectivamente al fideicomiso.
Por el momento se trata de una denuncia y deberá ser la Justicia la que determine si existieron irregularidades o delitos.
Rutas 3 y 5, entre los casos señalados
Entre los ejemplos incorporados al planteo aparecen obras sobre las rutas nacionales 3 y 5 en la provincia de Buenos Aires.
Se trata de proyectos que cuentan incluso con financiamiento externo, pero para los cuales la contraparte local habría mostrado una ejecución muy reducida.
La obra sobre la Ruta 5 entre Mercedes y la Variante Suipacha registraba a mayo de 2026 un avance físico del 16,89%, mientras otro tramo de esa misma ruta mostraba apenas un 0,88% de ejecución física a diciembre de 2025.
En la Ruta 3, entre San Miguel del Monte y el acceso a Gorchs, el avance físico informado alcanzaba el 26,95% en mayo.
La polémica por el estado de las rutas
El debate no se limita al destino contable del dinero.
Trabajadores de Vialidad Nacional y distintos gobiernos provinciales vienen denunciando desde hace tiempo el deterioro de corredores nacionales y reclamando mayores inversiones en mantenimiento.
La Federación del Personal de Vialidad Nacional sostuvo que con los recursos disponibles podrían haberse rehabilitado alrededor de 3.000 kilómetros de rutas y realizado mantenimiento sobre otros 22.000 kilómetros.
En La Pampa, el intendente de Santa Rosa, Luciano di Nápoli, aseguró que su provincia recibió apenas $189 millones del SisVial entre 2024 y 2026, equivalente al 0,05% de los recursos distribuidos, y advirtió particularmente sobre el deterioro de las rutas nacionales 5, 35, 151 y 152.
Equilibrio fiscal versus infraestructura
La declaración de Ravier introduce así un nuevo elemento en la discusión sobre cómo el Gobierno alcanzó y sostiene el equilibrio de las cuentas públicas.
Desde el comienzo de su gestión, Milei presentó al superávit fiscal como uno de los pilares centrales de su programa económico y redujo drásticamente la ejecución de obra pública.
Ahora, la propia Vocería Presidencial reconoció que una parte de los recursos recaudados para infraestructura vial permanece bajo la administración de Economía como parte de esa estrategia fiscal.
El interrogante que queda abierto —y que ahora también deberá analizar la Justicia— es hasta dónde puede utilizarse el objetivo de equilibrio fiscal para mantener sin ejecutar recursos que fueron recaudados con una finalidad específica, mientras numerosas rutas nacionales permanecen con obras demoradas o reclamos por falta de mantenimiento.
