Jorge Macri impulsará la remoción de la jueza que declaró inconstitucional la baja de imputabilidad
El jefe de Gobierno porteño anunció que promoverá un jury contra Laura Beatriz De Marinis, quien dejó sin efecto para un caso concreto la aplicación del nuevo Régimen Penal Juvenil y sobreseyó a un adolescente de 14 años acusado de tentativa de robo. La Fiscalía apeló la resolución.
El jefe de Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, Jorge Macri, anunció que impulsará un procedimiento para remover a la jueza Laura Beatriz De Marinis, luego de que la magistrada declarara inconstitucional, para un caso concreto, la aplicación del nuevo Régimen Penal Juvenil que establece la responsabilidad penal desde los 14 años.
Macri cuestionó la decisión judicial y confirmó que instruyó al ministro de Justicia porteño, Gabino Tapia, para avanzar con una presentación contra la magistrada.
La controversia se originó en una causa por un hecho ocurrido el 10 de septiembre, cuando cinco jóvenes habrían intentado robar a un hombre de 47 años. Entre los detenidos se encontraba un adolescente de 14 años y la Fiscalía calificó inicialmente el episodio como robo simple en grado de tentativa.
La defensa planteó la inconstitucionalidad del artículo 1 de la Ley 27.801, que incorporó a los adolescentes de 14 y 15 años al nuevo régimen penal. De Marinis aceptó ese planteo y dispuso el sobreseimiento del menor.
Los argumentos de la jueza
La magistrada consideró que reducir la edad mínima de responsabilidad penal respecto del régimen anterior constituye una medida regresiva en materia de derechos de niños y adolescentes.
También hizo referencia a estándares internacionales de protección de la infancia y sostuvo que la intervención penal debe funcionar como último recurso.
De Marinis analizó además las características concretas del hecho. Señaló que el robo quedó en grado de tentativa, que no se produjo el desapoderamiento de bienes y que la víctima no sufrió lesiones, elementos que tuvo en cuenta para fundamentar su decisión.
El fallo tiene efectos únicamente sobre ese expediente y no declaró inválida la ley con alcance general.
La Fiscalía apeló
El Ministerio Público Fiscal cuestionó la resolución y presentó una apelación para que sea revisada por una instancia superior.
Desde el Gobierno porteño también anticiparon que buscarán revertir judicialmente el sobreseimiento.
En paralelo, avanzará la discusión sobre la conducta de la magistrada. Aunque políticamente se habló de “juicio político”, el mecanismo aplicable a una jueza de primera instancia de la Ciudad es un procedimiento de enjuiciamiento ante los órganos previstos por la Constitución porteña.
El caso abre así una doble discusión: por un lado, la revisión judicial del sobreseimiento y de la declaración de inconstitucionalidad; por otro, la eventual responsabilidad disciplinaria de la magistrada.
El episodio también profundiza el debate sobre la aplicación del nuevo Régimen Penal Juvenil, recientemente sancionado, y sobre los límites del control de constitucionalidad frente a una norma aprobada por el Congreso.
