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El Estado debe garantizar el acceso a la salud

Un estudio realizado por la carrera de Sociología de la UBA, la Fundación Participar y la consultora Arqueos detectó un creciente impacto de los costos sobre la atención sanitaria en la provincia de Buenos Aires. El 56,6% de los encuestados modificó hábitos de cuidado, mientras que tres de cada diez aseguraron haberse endeudado por motivos vinculados con la salud.

El aumento de los costos de medicamentos, consultas y prestaciones está modificando las formas en que una parte de los bonaerenses accede al sistema de salud. Un relevamiento realizado durante agosto mostró que el 72,3% de las personas consultadas considera que el Estado debe garantizar la cobertura sanitaria, mientras que el 12,4% manifestó preferencia por un sistema privado.

El estudio, denominado “El derecho a la salud bajo la mirada de los bonaerenses”, fue elaborado por la carrera de Sociología de la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad de Buenos Aires, la Fundación Participar y la consultora Arqueos.

La investigación alcanzó a 811 usuarios de IOMA residentes en 53 partidos y localidades de la provincia de Buenos Aires, por lo que sus resultados describen específicamente a la población relevada y no necesariamente al conjunto de los habitantes bonaerenses. La encuesta declaró un nivel de confianza del 95% y un margen de error de ±3,5%, y fue complementada con grupos focales y entrevistas en profundidad.

El porcentaje que asigna al Estado la responsabilidad de garantizar el acceso a la salud aumentó respecto de una medición realizada en 2025, cuando alcanzaba al 69%, mientras que el 24% se inclinaba entonces por un sistema privado.

Consultas postergadas y medicamentos que se dejan de comprar

Uno de los datos más significativos del relevamiento es que el 56,6% afirmó haber modificado algún hábito relacionado con su atención o cuidado de la salud como consecuencia del incremento de los costos.

Dentro de ese grupo, el 24,1% señaló que postergó consultas médicas y el 18,1% que dejó de comprar algún medicamento. Otro 5,6% indicó que debió cambiar de prestador o cobertura.

La situación también repercute sobre las finanzas familiares: el 30,2% manifestó haberse endeudado por cuestiones relacionadas con la salud.

“Cuando se posterga una consulta, se deja de comprar un medicamento o una familia tiene que endeudarse para atenderse, estamos frente a consecuencias sanitarias concretas de la crisis”, explicó Melina Alcaraz, socióloga y coordinadora del estudio.

Otro 51,3% de los entrevistados dijo conocer a personas que dejaron de pagar una prepaga y comenzaron a recurrir a una obra social o al sistema público.

Más demanda sobre IOMA

El relevamiento también detectó una mayor utilización de la obra social provincial en un escenario de dificultades para sostener otras coberturas.

Según los datos incorporados al informe, durante el primer trimestre de 2026 IOMA registró un incremento del 10% en la demanda de servicios médicos y medicamentos.

Entre 7.533 afiliados identificados que trasladaron consumos desde otras coberturas, el 70% provenía de PAMI, el 22% de empresas de medicina prepaga y el 8% de otras obras sociales.

Al mismo tiempo, los usuarios mantienen reclamos sobre el funcionamiento de IOMA. Entre las principales demandas aparecen la reducción de los tiempos para conseguir turnos, una mejor cobertura de medicamentos, mayor disponibilidad de especialistas y mejoras en el acceso a prestaciones en distintas localidades de la provincia.

El estudio plantea así un escenario en el que conviven dos fenómenos: una mayor demanda sobre el sistema público y las obras sociales, y dificultades económicas que llevan a parte de los usuarios a postergar atención, modificar tratamientos o endeudarse para afrontar gastos sanitarios.

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