Advierten fallas técnicas en la nueva Ley de Biocombustibles aprobada por el Senado
El proyecto obtuvo media sanción y pasó a Diputados con cambios en los porcentajes obligatorios de bioetanol y biodiésel y un nuevo esquema de comercialización. Un análisis técnico cuestionó distintos puntos de la iniciativa y advirtió sobre problemas de precisión, aplicación práctica y falta de una definición ambiental más clara.
La nueva Ley de Biocombustibles que obtuvo media sanción en el Senado abrió una nueva etapa de discusión antes de su tratamiento en la Cámara de Diputados. Aunque el proyecto introduce cambios reclamados por distintos sectores productivos, también comenzaron a surgir cuestionamientos sobre aspectos técnicos de su redacción y sobre la posibilidad concreta de aplicar algunas de sus disposiciones.
La iniciativa modifica el régimen establecido por la Ley 27.640 y propone aumentar progresivamente los porcentajes obligatorios de mezcla de combustibles fósiles con productos de origen renovable.
En el caso del bioetanol, mantiene inicialmente un corte del 12% en las naftas y prevé elevarlo al 15% después del primer año de vigencia. Para el biodiésel, el porcentaje inicial pasaría al 7,5% y posteriormente alcanzaría el 10%.
El texto también establece un período de transición para incorporar una mayor participación de empresas integradas en el mercado del biodiésel y contempla modificaciones en el mecanismo utilizado para comercializar los productos.
Cuestionamientos técnicos al proyecto
El licenciado en Ciencias Químicas Carlos Kerlakian realizó un análisis del texto aprobado por el Senado y planteó que existen disposiciones que deberían ser revisadas durante el tratamiento en Diputados.
Uno de sus cuestionamientos está relacionado con la precisión utilizada para establecer los porcentajes obligatorios de corte. Según su análisis, expresar determinados valores sin decimales podría generar márgenes de interpretación mayores a los deseables desde el punto de vista técnico y afectar parámetros de calidad.
La observación forma parte de una evaluación del especialista y no implica que se haya determinado formalmente la invalidez técnica del proyecto.
Kerlakian también cuestionó que el objetivo general de la norma ponga el acento principalmente en cuestiones vinculadas con la competencia, los intereses económicos de los consumidores y las exportaciones, sin otorgar, a su entender, suficiente centralidad a la reducción de emisiones y a los objetivos ambientales.
El especialista comparó el enfoque argentino con políticas implementadas en Estados Unidos, Brasil y la Unión Europea, donde los biocombustibles fueron utilizados también como herramientas para reducir emisiones, disminuir la dependencia de combustibles fósiles o aprovechar excedentes agrícolas.
Dudas sobre el autoconsumo
Otro punto observado es la intención de incorporar dentro de las facultades de la autoridad de aplicación el control del autoconsumo de biocombustibles.
El análisis advierte que existen productores agropecuarios que pueden elaborar biodiésel para utilizar en su propia maquinaria y plantea dudas sobre la capacidad operativa del Estado para localizar, inspeccionar y controlar individualmente ese tipo de producción distribuida en distintas regiones del país.
El cuestionamiento se concentra en la viabilidad práctica de aplicar controles sobre una actividad que puede realizarse a pequeña escala y fuera de los circuitos comerciales tradicionales.
El debate por los vehículos Flex-fuel
La iniciativa también contempla la comercialización de vehículos Flex-fuel, preparados para funcionar con distintas proporciones de bioetanol.
Kerlakian señaló que la Argentina actualmente no posee una infraestructura de expendio comparable con la existente en Brasil, donde las estaciones de servicio permiten al consumidor elegir entre diferentes combinaciones de nafta y etanol.
Según su evaluación, autorizar esos vehículos sin desarrollar paralelamente una red adecuada de abastecimiento podría limitar los efectos prácticos de la medida.
Un nuevo mercado para los biocombustibles
El proyecto aprobado por el Senado contiene, al mismo tiempo, modificaciones que fueron consideradas positivas por distintos sectores de la actividad.
Entre ellas aparece la creación de un sistema de comercialización mediante subastas en un mercado electrónico, con el objetivo de reducir la discrecionalidad de la autoridad de aplicación en la asignación de precios y volúmenes.
También se establecen límites a la participación individual de las empresas en los cupos obligatorios, con la intención declarada de evitar posiciones dominantes y promover una mayor competencia.
En biodiésel, el proyecto prevé un período de transición hasta fines de 2035 entre empresas no integradas e integradas. Ese punto fue uno de los aspectos que generó mayores negociaciones entre senadores, gobernadores de provincias productoras y representantes de la industria.
Diputados tendrá la oportunidad de revisar el texto
La media sanción del Senado no cierra el debate. El proyecto deberá ahora ser analizado por la Cámara de Diputados, donde pueden introducirse modificaciones.
Si Diputados aprueba el texto sin cambios, quedará convertido en ley. Si realiza modificaciones, deberá regresar al Senado para que la Cámara de origen se pronuncie sobre ellas.
La discusión se traslada así a una segunda etapa en la que convivirán intereses de provincias productoras, empresas integradas, pymes elaboradoras, productores de caña de azúcar y maíz, refinadoras petroleras y sectores vinculados con la transición energética.
Los cuestionamientos técnicos conocidos después de la votación agregan un nuevo elemento al debate: además de definir porcentajes y condiciones comerciales, Diputados deberá evaluar si la redacción aprobada permite alcanzar los objetivos buscados sin generar dificultades de interpretación o aplicación.
