El Gobierno impulsa un Consejo de Seguridad Nacional y organismos de DDHH cuestionan sus facultades
La iniciativa oficial forma parte del proyecto de Ley de Defensa de la Soberanía Nacional y comenzará a discutirse en Diputados. El Ejecutivo sostiene que busca reforzar la respuesta frente a amenazas externas y endurecer las sanciones por la explotación no autorizada de recursos en Malvinas, mientras organizaciones de derechos humanos y sectores opositores advierten por la amplitud de las atribuciones previstas.
El Gobierno nacional avanza en el Congreso con el proyecto de Ley de Defensa de la Soberanía Nacional, una iniciativa que combina nuevas sanciones para empresas que exploten recursos sin autorización argentina en la plataforma continental con la creación de un Consejo de Seguridad Nacional dotado de amplias facultades administrativas.
La propuesta comenzará a debatirse en las comisiones de Defensa Nacional, Legislación Penal y Relaciones Exteriores y Culto de la Cámara de Diputados. El canciller Pablo Quirno sería uno de los funcionarios encargados de defender el proyecto ante los legisladores.
El oficialismo presenta la iniciativa como parte de una estrategia de defensa de la soberanía argentina, con especial énfasis en las actividades económicas desarrolladas en torno a las Islas Malvinas sin autorización de Buenos Aires.
Cómo funcionaría el nuevo Consejo
El Consejo de Seguridad Nacional estaría integrado por el Presidente, el jefe de Gabinete, los ministros de Defensa, Economía y Relaciones Exteriores y el titular de la Secretaría de Inteligencia del Estado.
Entre sus funciones estaría la definición de la política de seguridad nacional y la evaluación de situaciones consideradas amenazas provenientes del exterior.
El proyecto contempla dentro de esa categoría acciones destinadas a alterar procesos electorales o manipular la opinión pública mediante campañas coordinadas de desinformación masiva.
El organismo también podría desarrollar investigaciones administrativas y aplicar sanciones a personas físicas y jurídicas.
Ante situaciones definidas como de “riesgo grave e inminente”, el texto prevé medidas urgentes como congelamiento de activos, restricciones sobre transferencias bancarias o comercio exterior y suspensión de determinadas autorizaciones.
Las objeciones de organismos de derechos humanos
El Centro de Estudios Legales y Sociales cuestionó el alcance de esas atribuciones y advirtió que el nuevo organismo concentraría funciones políticas, administrativas, de inteligencia y de seguridad.
Según el CELS, algunos conceptos incluidos en la iniciativa presentan definiciones demasiado amplias y podrían habilitar intervenciones estatales sobre actividades que no constituyan delitos.
La organización también expresó preocupación por la posibilidad de adoptar medidas restrictivas antes de una intervención judicial y sostuvo que el proyecto debería establecer controles institucionales más precisos.
El debate por las Fuerzas Armadas y la inteligencia
Otro de los puntos cuestionados está relacionado con la coordinación entre defensa, inteligencia y seguridad interior.
Sectores opositores y organizaciones de derechos humanos advierten que una definición amplia de “seguridad nacional” podría modificar en la práctica los límites tradicionales entre la actuación de las Fuerzas Armadas frente a amenazas externas y las tareas de seguridad interior.
El alcance efectivo de esas atribuciones dependerá del texto que finalmente apruebe el Congreso y de las reglamentaciones posteriores.
Malvinas y las empresas petroleras
El proyecto también propone reemplazar la Ley 26.659, que establece sanciones para personas y empresas que participen sin autorización argentina en actividades de exploración o explotación de hidrocarburos en la plataforma continental.
El Gobierno plantea endurecer las penalidades contra quienes desarrollen o colaboren con ese tipo de operaciones.
Sin embargo, legisladores opositores advirtieron que la derogación del régimen actual debería acompañarse de una cláusula que garantice expresamente la continuidad de las sanciones ya impuestas. De lo contrario, sostienen, podría abrirse una discusión jurídica sobre las inhabilitaciones existentes.
Uno de los casos señalados es el de Harbour Energy, anteriormente denominada Premier Oil, empresa alcanzada por sanciones vinculadas con actividades hidrocarburíferas en torno a las Islas Malvinas.
El debate comienza en Diputados
El tratamiento parlamentario pondrá en discusión dos dimensiones diferentes de la iniciativa. Por un lado, el endurecimiento de las sanciones contra actividades económicas realizadas en áreas cuya soberanía reclama la Argentina. Por otro, la creación de una nueva estructura estatal con facultades para investigar, sancionar y adoptar medidas preventivas ante determinadas amenazas.
El oficialismo buscará avanzar con el proyecto mientras distintos bloques opositores anticiparon que reclamarán modificaciones y mayores controles sobre las facultades del Consejo de Seguridad Nacional.
