Paoltroni acumula $2.720 millones en cheques sin fondos
El senador libertario por Formosa enfrenta cuestionamientos por las deudas de sus empresas ganaderas, que registran 475 cheques rechazados. La situación contrasta con su patrimonio personal declarado, cercano a los $3.000 millones. Productores e inversores reclaman explicaciones por una serie de operaciones financieras realizadas antes del cierre de las firmas.
El senador nacional Francisco Paoltroni, de La Libertad Avanza, quedó envuelto en una controversia financiera por el incremento de los cheques rechazados de sus empresas agropecuarias en Formosa. Según una investigación publicada por NEA Hoy, las firmas vinculadas al legislador acumularon hasta el 14 de octubre 475 cheques rechazados por más de $2.720 millones, mientras productores ganaderos e inversores enfrentan dificultades para recuperar el dinero comprometido en distintas operaciones comerciales.
La situación genera interrogantes por el contraste entre las deudas empresariales y el patrimonio personal del senador, quien declaró bienes por $2.934 millones y figura entre los integrantes más acaudalados de la Cámara alta, de acuerdo con un relevamiento de declaraciones juradas realizado por Perfil.
El conflicto se profundizó después de que Paoltroni anunciara, el 28 de agosto, el cese temporal de actividades de tres de sus compañías: Ganaderos de Formosa SRL, Agroindustria de Formosa SRL y Los Angelitos SRL. El legislador responsabilizó al Gobierno provincial por las dificultades que atravesaban sus emprendimientos.
De 348 a 475 cheques rechazados en nueve días
La evolución de los compromisos impagos constituye uno de los aspectos centrales de la controversia.
Según la investigación periodística, el 5 de octubre las empresas registraban 348 cheques rechazados por $2.275 millones. Para el 14 de octubre, la cantidad había aumentado a 475 documentos, por un monto superior a $2.720 millones.
Esto representa 127 rechazos adicionales y un incremento de aproximadamente $445 millones en apenas nueve días.
Entre los principales afectados aparecen productores que entregaron hacienda a las empresas vinculadas con Paoltroni y recibieron cheques que posteriormente fueron rechazados por falta de fondos.
El crecimiento de la deuda plantea dudas sobre la capacidad de las sociedades para cumplir sus obligaciones y sobre las garantías disponibles para los acreedores.
Una empresa multiplicó 95 veces su capital
Otro de los aspectos investigados es el considerable incremento del capital social de Ganaderos de Formosa SRL poco antes de que comenzaran a registrarse los incumplimientos.
Según la publicación del Boletín Oficial de Formosa N.º 12.990 citada por NEA Hoy, el 23 de julio de 2026 la firma elevó su capital de $5.270.000 a $502.341.400.
La operación representó una multiplicación cercana a 95 veces del capital registrado anteriormente.
El senador Paoltroni posee el 98% de las participaciones sociales de esa compañía.
Un día después de la modificación del capital, la empresa participó de un remate ganadero realizado en la Sociedad Rural de Castelli, donde entregó cheques a 46 productores por animales adquiridos. Según la investigación, esos documentos fueron posteriormente rechazados.
El aumento de capital, por sí solo, no constituye una irregularidad, pero su proximidad temporal con las operaciones cuestionadas y los posteriores incumplimientos abrió interrogantes sobre la situación financiera real de la sociedad.
Créditos millonarios y cierre de empresas
La investigación también reconstruyó una operación financiera concretada mediante Conaval, una Sociedad de Garantía Recíproca vinculada con el sector cooperativo agropecuario.
El 12 de agosto, Ganaderos de Formosa presentó documentación para obtener avales financieros.
De acuerdo con la información publicada por El Destape, la empresa declaró ventas por $17.272 millones durante los doce meses anteriores y una planta de 33 empleados.
Con esa documentación obtuvo el aval para emitir 15 cheques electrónicos de $10 millones cada uno.
El 19 de agosto, esos documentos fueron negociados en el Mercado de Rosario, lo que permitió obtener financiamiento por $150 millones.
Una semana después comenzaron a registrarse numerosos rechazos por falta de fondos. Para entonces, 78 cheques por $460 millones ya habían resultado impagos.
El 28 de agosto, Paoltroni anunció el cese temporal de actividades de sus tres empresas, decisión que, según los reportes publicados, afectó a unos 50 trabajadores.
La secuencia de operaciones es uno de los puntos que genera mayores cuestionamientos, especialmente porque la firma había presentado documentación asegurando que su situación financiera no comprometía la capacidad de cumplir sus obligaciones.
Un patrimonio millonario en medio de la crisis
La situación financiera de las empresas contrasta con la declaración jurada patrimonial del senador nacional.
Un relevamiento de Perfil, basado en las presentaciones correspondientes a 2025 ante la Oficina Anticorrupción, ubicó a Paoltroni con un patrimonio declarado de $2.934 millones, entre las mayores fortunas del Senado.
Otro relevamiento, publicado por El Cronista el 13 de octubre y basado en el valor de los activos sin descontar deudas, le atribuyó bienes por $3.524,8 millones. La diferencia responde al criterio utilizado para medir el patrimonio.
Es importante distinguir que el patrimonio personal del legislador y las obligaciones de sus empresas son jurídicamente diferentes. La existencia de bienes personales no implica, por sí misma, que deban responder automáticamente por todas las deudas de las sociedades comerciales.
Sin embargo, el contraste entre las cifras alimentó el debate público sobre la administración de las compañías y la situación de sus acreedores.
Antecedentes judiciales y embargos
Los cuestionamientos actuales se suman a otros antecedentes financieros y judiciales vinculados con empresas del senador.
Según NEA Hoy, en 2022 se realizaron operaciones con cheques por aproximadamente $250 millones, negociados a través de una sucursal del Banco Nación en Quitilipi, Chaco.
La publicación sostiene que posteriormente se dispuso impedir el pago de esos instrumentos bajo el argumento de un supuesto acceso indebido a una cuenta bancaria.
En septiembre de 2023, tras una denuncia del Banco Nación, se solicitó el embargo de bienes vinculados con Ganaderos de Formosa, entre ellos departamentos y vehículos.
Además, en noviembre de 2025 se informó sobre un embargo provincial superior a $150 millones relacionado con una multa por desmontes ilegales.
Estos antecedentes forman parte de las controversias que rodean la actividad empresarial del legislador, aunque cada expediente debe analizarse de manera independiente.
Reclamos y posibles responsabilidades
El eje de la controversia es determinar si las empresas atravesaron una crisis comercial que derivó en incumplimientos o si existieron conductas que pudieran generar responsabilidades adicionales.
La emisión de cheques posteriormente rechazados no permite concluir automáticamente que existió una estafa. Para establecer una eventual responsabilidad penal es necesario acreditar los elementos exigidos por la legislación, incluida la conducta y la intención atribuibles a los involucrados.
De igual manera, la posible responsabilidad patrimonial personal de Paoltroni dependerá de su intervención concreta en las operaciones, de las garantías otorgadas y de las normas aplicables a las sociedades comerciales.
Por el momento, las publicaciones periodísticas plantean interrogantes sobre el incremento del capital social, la obtención de financiamiento, la entrega de cheques y el posterior cierre de actividades.
No se ha podido corroborar una sentencia penal que determine la existencia de una maniobra fraudulenta vinculada con estos hechos.
Mientras tanto, los reclamos de productores, inversores y otros acreedores mantienen abierta una controversia que involucra a uno de los legisladores con mayor patrimonio declarado del Congreso.
La situación plantea la necesidad de esclarecer el destino de los fondos obtenidos, la capacidad de pago de las sociedades y las responsabilidades que pudieran corresponder por las obligaciones comerciales incumplidas.
