Senado

Avanza la integración del Comité contra la Tortura

La Comisión Bicameral de la Defensoría del Pueblo del Congreso avanzó en la selección de seis representantes parlamentarios para integrar el Comité Nacional para la Prevención de la Tortura. También aprobó los lineamientos para renovar la representación de las organizaciones de derechos humanos. La audiencia pública se realizará el 27 de octubre.

El Congreso Nacional continúa el proceso de conformación del Comité Nacional para la Prevención de la Tortura, organismo encargado de supervisar las condiciones de detención y prevenir situaciones de violencia, abusos y malos tratos en cárceles, comisarías y otros establecimientos donde permanecen personas privadas de su libertad.

Durante una reunión realizada el miércoles 14 de octubre en el Salón Arturo Illia del Senado, la Comisión Bicameral Permanente de la Defensoría del Pueblo avanzó en la selección de los seis representantes del Poder Legislativo que integrarán el organismo, tres por cada cámara.

El encuentro fue encabezado por el senador radical Daniel Kroneberger, quien destacó la importancia de completar el procedimiento antes de finalizar el año y aseguró que la selección se desarrolla con normalidad.

Los seis candidatos propuestos por el Congreso

Durante la reunión se dieron a conocer los nombres de los postulantes seleccionados por ambas cámaras legislativas.

Por el Senado fueron propuestos Mariano Ariel Przybylski, Gabriela Silvana Bencina y Humberto Schiavoni.

Por la Cámara de Diputados, los candidatos son Fernando Gabriel Zarabozo, Diego Hernán Armesto y Eduardo Toniolli.

Las postulaciones deberán atravesar las instancias previstas en el procedimiento de selección, incluida una audiencia pública convocada para el próximo 27 de octubre.

En esa oportunidad, los candidatos podrán exponer sus antecedentes y argumentos, en el marco del proceso destinado a completar la integración del Comité.

El papel de las organizaciones de derechos humanos

Uno de los principales puntos abordados durante el encuentro fue la necesidad de normalizar la representación de las organizaciones no gubernamentales dentro del organismo.

El Comité Nacional para la Prevención de la Tortura, creado por la Ley 26.827, contempla la participación de tres representantes de organizaciones de la sociedad civil, además de los seis integrantes designados por el Congreso y un representante del Poder Ejecutivo.

En representación de la Subsecretaría de Derechos Humanos de la Nación se mencionó a Leonardo Fabián Szuchet.

Sin embargo, todavía resta completar el procedimiento para seleccionar a los nuevos representantes de las organizaciones no gubernamentales, una instancia considerada fundamental para garantizar la participación de entidades especializadas en derechos humanos.

La comisión aprobó los lineamientos generales que permitirán iniciar ese proceso y continuar con la recepción y el análisis de eventuales impugnaciones.

La oposición pidió garantizar la continuidad del organismo

La senadora Ana Marks, del bloque Justicialista, presentó dos propuestas de modificación al procedimiento de designación de los representantes de las organizaciones sociales.

La primera plantea establecer un plazo máximo para recibir las postulaciones, debido a que la propuesta original contemplaba una fecha de apertura, pero no determinaba cuándo finalizaría la inscripción.

La segunda modificación propone prorrogar expresamente los mandatos de los actuales representantes de las organizaciones hasta que sean designados sus reemplazantes.

El objetivo es evitar vacantes que puedan afectar el funcionamiento del Comité durante el proceso de renovación de autoridades.

Kroneberger manifestó su disposición a acompañar esta última propuesta y señaló que no encontraba objeciones para extender los mandatos hasta la incorporación de los nuevos integrantes.

La discusión refleja la preocupación por mantener la continuidad institucional de un organismo que tiene responsabilidades permanentes de supervisión y prevención.

Un organismo encargado de prevenir la tortura

El Comité Nacional para la Prevención de la Tortura fue creado mediante la Ley 26.827, sancionada en 2012, como parte del Sistema Nacional de Prevención de la Tortura.

Su funcionamiento responde a los compromisos internacionales asumidos por la Argentina al ratificar el Protocolo Facultativo de la Convención contra la Tortura de las Naciones Unidas.

Entre sus principales funciones se encuentran la inspección de establecimientos de detención, la elaboración de informes y recomendaciones, la articulación con mecanismos provinciales de prevención y la promoción de medidas destinadas a evitar la tortura y otros tratos crueles, inhumanos o degradantes.

El organismo puede realizar visitas a lugares donde existen personas privadas de libertad y formular observaciones sobre sus condiciones de alojamiento, atención sanitaria, alimentación, seguridad y acceso a derechos fundamentales.

Su tarea también comprende la evaluación de situaciones que puedan representar riesgos para la integridad física y psicológica de los detenidos.

La existencia de estos mecanismos de control constituye una obligación del Estado argentino y busca garantizar una supervisión independiente de las instituciones responsables de la privación de libertad.

La audiencia pública será el 27 de octubre

La próxima instancia del procedimiento será la audiencia pública prevista para el martes 27 de octubre, cuando los postulantes podrán presentar sus antecedentes y responder a las observaciones formuladas durante el proceso de selección.

La Comisión Bicameral también continuará trabajando en la normalización de los cargos correspondientes a las organizaciones no gubernamentales.

El objetivo planteado por las autoridades parlamentarias es completar la integración del Comité antes de fin de año y garantizar la continuidad de sus funciones.

La renovación de sus representantes se produce en un contexto en el que la supervisión de los establecimientos penitenciarios, las condiciones de detención y la protección de los derechos humanos mantienen relevancia dentro de la agenda institucional.

El desafío será garantizar que la nueva conformación del organismo preserve su independencia, su capacidad de fiscalización y la participación efectiva de las organizaciones especializadas en la prevención de la tortura.

 

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