Presentan amparo ante la Corte y crece la ofensiva judicial por la Ley de Glaciares
Organizaciones ambientalistas y juristas impulsaron una nueva acción ante la Corte Suprema para frenar la reforma de la Ley de Glaciares. El planteo se suma al amparo colectivo ya presentado por La Pampa y otras entidades, en una escalada judicial que pone el foco en la constitucionalidad de la norma.
La judicialización de la reforma de la Ley de Glaciares sumó este miércoles un nuevo capítulo con la presentación de un amparo ante la Corte Suprema de Justicia de la Nación, en el que se solicita la protección urgente de los glaciares y del ambiente periglacial frente a los cambios aprobados por el Congreso.
La acción fue promovida por la Asociación Americana de Juristas y la Asociación Foro Ecologista de Paraná, que reclamaron que el máximo tribunal declare a los glaciares y al ambiente periglacial como “sujetos de derecho”, una figura jurídica que busca otorgarles tutela autónoma.
Según el escrito, la reforma recientemente sancionada debilita los mecanismos de protección ambiental y pone en riesgo las reservas estratégicas de agua, especialmente en la región patagónica y en las cuencas interjurisdiccionales. El planteo invoca el artículo 41 de la Constitución Nacional, además de los principios de no regresión ambiental y equidad intergeneracional.
Uno de los puntos centrales del amparo es el pedido para que la Corte ordene de forma inmediata la implementación de un Plan Interjurisdiccional de Gestión del Riesgo Climático e Ígneo, en respuesta al aumento de incendios y al deterioro ecosistémico que afecta a la Patagonia.
La presentación se suma a la ofensiva judicial ya iniciada por la provincia de La Pampa, que la semana pasada promovió un amparo colectivo ante el Juzgado Federal de Santa Rosa junto con la Universidad Nacional de La Pampa, la Fundación Chadileuvú y la Asamblea por los Ríos Pampeanos.
En ese expediente se solicita la inconstitucionalidad, inconvencionalidad y nulidad absoluta de la nueva ley, con una medida cautelar para suspender sus efectos en todo el país hasta que se dicte sentencia definitiva.
La reforma aprobada por el Congreso modificó la histórica Ley 26.639, al habilitar a las provincias a determinar qué áreas periglaciares quedan protegidas según su “función hídrica efectiva”, lo que abre la puerta al desarrollo de proyectos mineros en zonas previamente vedadas.
El nuevo amparo ante la Corte profundiza la disputa institucional y ambiental, y anticipa un escenario de alta conflictividad judicial en torno a una de las reformas más controvertidas del año.
