El Gobierno busca cerrar el proyecto de Propiedad Privada
Patricia Bullrich, funcionarios de Legal y Técnica y representantes del Ministerio de Desregulación se reúnen para unificar la iniciativa, que ya acumuló 15 versiones y fue postergada tres veces en el Senado. La compra de tierras por extranjeros es el principal punto de conflicto.
El Gobierno nacional convocó a una reunión en la Casa Rosada para intentar cerrar la redacción definitiva del proyecto de Ley de Inviolabilidad de la Propiedad Privada, una de las iniciativas prioritarias de la administración de Javier Milei que todavía no consiguió los respaldos necesarios en el Senado.
Del encuentro participan la senadora y jefa del bloque de La Libertad Avanza, Patricia Bullrich; la secretaria de Legal y Técnica, María Ibarzabal Murphy; representantes del Ministerio de Desregulación y los titulares de las comisiones de Asuntos Constitucionales y Legislación General, Agustín Coto y Nadia Márquez.
También fue convocado un representante de los bloques federales para transmitir las objeciones planteadas por los gobernadores, especialmente respecto del capítulo que flexibiliza la compra de tierras rurales por parte de personas y empresas extranjeras.
Diferencias dentro del oficialismo
La reunión busca ordenar las diferencias que surgieron entre Bullrich y el ministro de Desregulación, Federico Sturzenegger, impulsor del proyecto. El funcionario rechazó las modificaciones incorporadas durante las negociaciones con los bloques dialoguistas y, según trascendió, advirtió que podría recomendar el veto de la ley si el Congreso sancionaba la última versión.
La mesa política del Gobierno había respaldado inicialmente los cambios negociados por Bullrich, pero resolvió convocar a las distintas partes para evitar que la disputa interna terminara haciendo fracasar nuevamente la iniciativa.
El proyecto acumuló alrededor de 15 borradores desde su presentación y su tratamiento ya fue postergado en tres oportunidades. La última demora trasladó el debate hasta el 6 de agosto, luego del receso invernal del Congreso.
La venta de tierras a extranjeros
El punto más controvertido es la modificación de la Ley de Tierras Rurales, que actualmente establece límites a la cantidad de territorio que puede quedar en manos extranjeras.
La propuesta oficial busca eliminar el límite general del 15% y la restricción que impide que un mismo titular extranjero posea más de mil hectáreas en la denominada zona núcleo. Las modificaciones negociadas en el Senado otorgarían a las provincias facultades para autorizar, regular o impedir esas operaciones dentro de sus jurisdicciones.
También se analiza mantener restricciones específicas para Estados extranjeros, empresas públicas o sociedades controladas por otros países, aunque podrían contemplarse excepciones con autorización de los gobiernos provinciales y del Poder Ejecutivo nacional.
La vicepresidenta Victoria Villarruel manifestó públicamente su rechazo a este capítulo y protagonizó un enfrentamiento con Bullrich. Ambas dirigentes mantuvieron posteriormente una reunión en el Senado para intentar reducir la tensión.
Expropiaciones, desalojos y tierras incendiadas
La iniciativa también establece mayores requisitos para que el Estado pueda realizar expropiaciones, amplía los conceptos incluidos en las indemnizaciones y dispone que no pueda transferirse el dominio de un inmueble sin el pago previo e íntegro al propietario.
Además, modifica los procedimientos de desalojo para permitir una restitución más rápida de los inmuebles cuando exista un derecho verosímil y propone cambios en la Ley de Manejo del Fuego respecto del uso y la venta de terrenos afectados por incendios.
El oficialismo confía en alcanzar un texto de consenso durante las próximas semanas y llegar a la sesión del 6 de agosto con los votos necesarios. Sin embargo, las diferencias sobre la extranjerización de tierras y las facultades que conservarán las provincias continúan siendo el principal obstáculo para la sanción.
La información fue contrastada con la publicación original y con los antecedentes parlamentarios y las distintas versiones conocidas del proyecto.
