Patentes: Diputados debate el ingreso al PCT
La Cámara de Diputados debatirá este miércoles 26 de agosto la adhesión de la Argentina al Tratado de Cooperación en materia de Patentes (PCT), un acuerdo internacional que busca simplificar el procedimiento para proteger invenciones en distintos países y que lleva casi tres décadas pendiente en el Congreso.
El proyecto llega al recinto después de meses de negociaciones entre el Gobierno, los bloques parlamentarios y la industria farmacéutica. En mayo obtuvo dictamen de mayoría en un plenario de las comisiones de Relaciones Exteriores, Legislación General e Industria, con 57 firmas entre 91 diputados presentes.
El PCT fue firmado por la Argentina en 1970 y aprobado por el Senado en 1998, pero nunca completó su trámite legislativo. Ahora el Gobierno de Javier Milei volvió a impulsarlo como parte de su política de alineamiento con los estándares internacionales de propiedad intelectual y también como uno de los compromisos asumidos en la agenda comercial con Estados Unidos.
La Argentina es actualmente el único integrante del G20 que permanece fuera del sistema. Desde el 19 de agosto, con la incorporación efectiva de Bahamas, el PCT reúne a 159 Estados contratantes.
Qué cambia con el PCT
El tratado, administrado por la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual (OMPI), no crea una patente mundial ni obliga a la Argentina a aceptar automáticamente registros concedidos en el extranjero.
El sistema permite que un inventor, una universidad, una startup o una empresa presente inicialmente una única solicitud internacional que luego puede utilizar para buscar protección en los países adheridos. Cada Estado conserva la potestad de analizar el pedido y decidir si concede o rechaza la patente según su propia legislación.
En la Argentina esa decisión continuará en manos del Instituto Nacional de la Propiedad Industrial (INPI), que deberá verificar requisitos como la novedad, la actividad inventiva y la aplicación industrial.
Uno de los beneficios señalados por quienes respaldan la adhesión es el tiempo. El mecanismo internacional permite postergar hasta aproximadamente 30 meses la decisión de avanzar con las solicitudes nacionales, evitando que inventores y empresas deban asumir desde el comienzo los costos de traducciones, tasas, abogados y representantes en numerosos países.
Además, cada solicitud internacional incluye una búsqueda sobre antecedentes tecnológicos que permite conocer con anticipación las posibilidades de que una invención reúna las condiciones necesarias para obtener protección.
Para universidades, investigadores, empresas de base tecnológica y pymes argentinas, los defensores del tratado consideran que el PCT puede reducir costos y facilitar la internacionalización de desarrollos locales.
La disputa por los medicamentos
El principal conflicto apareció dentro de la industria farmacéutica.
Los laboratorios internacionales agrupados en CAEME respaldan la adhesión y sostienen que la incorporación al PCT mejoraría la previsibilidad jurídica, favorecería la investigación y permitiría que la Argentina se integre a las reglas utilizadas por las principales economías.
La cámara también argumentó que la exclusión argentina genera costos adicionales para investigadores, startups y empresas que buscan proteger sus desarrollos en el exterior. Incluso organismos científicos argentinos han debido recurrir a mecanismos alternativos para presentar solicitudes internacionales.
Los laboratorios nacionales nucleados en CILFA plantearon, en cambio, fuertes reparos sobre el denominado Capítulo II del tratado, referido al examen preliminar internacional.
Ese mecanismo permite obtener un informe técnico internacional, de carácter no vinculante, sobre las posibilidades de patentabilidad de una invención antes de ingresar en las etapas nacionales.
CILFA considera que esos antecedentes podrían adquirir peso en las decisiones locales y facilitar la concesión de patentes sobre modificaciones menores de medicamentos existentes, una práctica conocida como evergreening. Según la cámara, ese mecanismo puede prolongar artificialmente monopolios, retrasar la entrada de medicamentos genéricos y biosimilares y generar consecuencias sobre los precios.
La entidad sostiene que la política argentina debe garantizar que el INPI continúe evaluando rigurosamente cada solicitud para diferenciar una verdadera innovación de modificaciones que no impliquen avances terapéuticos sustanciales.
El Gobierno aceptó una reserva
Para destrabar el tratamiento parlamentario, el oficialismo aceptó introducir una reserva sobre el Capítulo II. De aprobarse el texto en esas condiciones, la Argentina ingresaría al PCT pero quedaría excluida inicialmente del sistema de examen preliminar internacional.
La alternativa permitió acercar posiciones con la industria farmacéutica nacional. Actualmente Uruguay es el único Estado contratante que mantiene la reserva prevista en el artículo 64.1.a del tratado, vinculada precisamente a la aplicación del Capítulo II.
La modificación también obliga a que, si Diputados aprueba el proyecto, el expediente vuelva al Senado, ya que el texto no será idéntico al que la Cámara alta había aprobado en 1998.
Un debate que excede a las patentes
El Gobierno sostiene que la adhesión facilitará la llegada de inversiones, mejorará las condiciones para exportar conocimiento y acercará el régimen argentino de propiedad intelectual al de sus principales socios comerciales.
La oposición al proyecto tampoco es uniforme. Durante el debate en comisiones, sectores de Unión por la Patria cuestionaron la velocidad con la que el oficialismo reactivó un expediente paralizado durante décadas y relacionaron directamente esa urgencia con los compromisos asumidos con Estados Unidos.
El diputado Maximiliano Ferraro, de la Coalición Cívica, también presentó reparos y anticipó un dictamen alternativo, mientras otros bloques opositores y provinciales acompañaron parcialmente la iniciativa.
En el fondo, el debate enfrenta dos objetivos que no necesariamente son incompatibles pero que generan fuertes disputas: facilitar la protección internacional de las innovaciones argentinas y, al mismo tiempo, evitar que el sistema de patentes se convierta en una herramienta para extender monopolios que puedan restringir la competencia.
Diputados deberá definir ahora el equilibrio entre esos intereses. Si el proyecto avanza con la reserva acordada, la Argentina quedará a un paso de incorporarse a uno de los principales sistemas internacionales de propiedad intelectual después de 28 años de demora legislativa.
