El Senado avanza en una ley para regular el mercado de carbono en Argentina

El Senado de la Nación continuó este miércoles el debate para establecer por primera vez un marco regulatorio integral para los mercados de carbono en la Argentina, una actividad que puede convertirse en una nueva fuente de inversiones y financiamiento para proyectos ambientales, energéticos, forestales y productivos.

Las comisiones de Legislación General, Ambiente y Desarrollo Sustentable y Presupuesto y Hacienda realizaron una nueva reunión plenaria en el Salón Azul, con participación de especialistas, empresarios y representantes de diferentes sectores de la economía.

El debate se concentra actualmente en tres proyectos que plantean modelos diferentes para organizar el mercado argentino de créditos de carbono.

Tres propuestas sobre la mesa

Una de las iniciativas pertenece a la senadora salteña Flavia Royón y propone establecer un marco regulatorio específicamente destinado al mercado voluntario de carbono.

El segundo proyecto fue presentado por los senadores Sonia Rojas Decut y Carlos Arce, de Misiones. La propuesta establece presupuestos mínimos de protección ambiental para el funcionamiento de estos mercados y plantea además su integración al mercado de capitales argentino.

Durante el nuevo encuentro se incorporó una tercera iniciativa, presentada por el senador Jorge Capitanich, que propone crear un marco regulatorio para la emisión y desarrollo de Activos Financieros Ambientales.

Las diferencias entre los proyectos abren un debate sobre hasta dónde debe intervenir el Estado, qué participación tendrán las provincias y de qué manera podrán comercializarse los créditos generados por proyectos ambientales.

Qué es un crédito de carbono

Los mercados de carbono permiten asignar un valor económico a la reducción, captura o eliminación de gases de efecto invernadero.

Un proyecto forestal que captura dióxido de carbono, una instalación que evita determinadas emisiones o una actividad productiva que logra reducirlas puede, bajo determinadas metodologías y sistemas de certificación, generar créditos de carbono.

Esos créditos posteriormente pueden ser adquiridos por empresas u organizaciones interesadas en compensar parte de sus emisiones o cumplir determinados objetivos ambientales.

Para la Argentina, el desarrollo de este mercado abre oportunidades relacionadas con sus bosques, producción agropecuaria, energías renovables, proyectos de conservación y otras actividades vinculadas con los recursos naturales.

Reclaman reglas claras para atraer inversiones

Juan Pedro Cano, coordinador general de la Mesa Argentina de Carbono, sostuvo ante los senadores que el país tiene un importante potencial, aunque consideró que se encuentra rezagado frente a otras naciones.

El especialista reclamó previsibilidad para las inversiones y mecanismos que faciliten el acceso de los proyectos argentinos a los mercados internacionales.

También respaldó el proyecto impulsado por Royón, al considerarlo el más adecuado entre las alternativas actualmente en análisis.

Víctor Castro, representante de la Cámara de la Industria Aceitera y el Centro de Exportadores de Cereales, coincidió en la necesidad de establecer reglas claras y previsibles.

Desde el sector agroexportador señalaron que cualquier legislación deberá evitar superposiciones regulatorias y brindar certezas para inversiones que, por sus características, requieren horizontes de largo plazo.

Las provincias reclaman preservar sus recursos

Otro de los puntos centrales de la discusión es el papel que tendrán las provincias.

Alejandra Scafati, fundadora y vicepresidenta de la Bolsa Argentina de Carbono, sostuvo que cualquier regulación debe respetar el dominio originario de las provincias sobre sus recursos naturales.

La cuestión resulta especialmente importante porque buena parte de los proyectos capaces de generar créditos ambientales están vinculados con bosques, suelos, recursos energéticos y territorios cuya administración corresponde a las jurisdicciones provinciales.

Scafati también manifestó reparos respecto de la posibilidad de crear un mercado regulado adicional y defendió un esquema que permita aprovechar las estructuras que ya funcionan.

La Sociedad Rural pide una ley

Andrés Costamagna, representante de la Sociedad Rural Argentina, destacó el potencial económico de los activos ambientales y reclamó que el país cuente con reglas que le permitan participar plenamente en el mercado internacional.

Desde el sector rural consideran que la captura de carbono y otras mejoras ambientales pueden transformarse en activos económicos capaces de generar ingresos adicionales para los productores.

El agro argentino aparece precisamente como uno de los sectores con mayor interés en el desarrollo de este tipo de herramientas.

También hubo críticas a la política ambiental

No todas las intervenciones fueron favorables a avanzar exclusivamente sobre la regulación financiera de los créditos.

Rodrigo Rodríguez Tornquist, de la Asociación Sustentar y del Observatorio de Capital Natural y Finanzas para la Naturaleza de América Latina y el Caribe, cuestionó que se discuta un mercado de carbono sin una política climática nacional plenamente articulada.

El especialista sostuvo que existen problemas en la implementación de la legislación argentina sobre cambio climático y planteó que los mecanismos financieros deberían formar parte de una estrategia ambiental más amplia.

También se remarcó la importancia de las Contribuciones Determinadas a Nivel Nacional (NDC), los compromisos climáticos que los países presentan dentro del Acuerdo de París y que tienen incidencia sobre la posibilidad de desarrollar determinadas operaciones internacionales de carbono.

Ambiente, producción y mercado financiero

La discusión muestra que el futuro régimen podría superar ampliamente la cuestión estrictamente ambiental.

El mercado de carbono puede involucrar simultáneamente proyectos forestales, actividades agropecuarias, petróleo y gas, energías renovables, industrias, mercados financieros, certificadoras y empresas especializadas en desarrollar proyectos de reducción o captura de emisiones.

Por eso participaron del encuentro representantes de entidades forestales, petroleras, industriales, financieras y ambientales, además de funcionarios provinciales y especialistas internacionales.

Uno de los desafíos será establecer un sistema que otorgue seguridad jurídica sobre la propiedad de los créditos, garantice la integridad ambiental de los proyectos y permita comercializar esos activos sin generar dobles contabilizaciones o superposiciones entre Nación y provincias.

El debate continuará

Las tres comisiones todavía no emitieron dictamen.

Después de escuchar las diferentes posiciones, el plenario pasó a cuarto intermedio y continuará analizando las propuestas en un próximo encuentro.

El Senado deberá ahora intentar acercar tres modelos regulatorios diferentes y definir una cuestión que puede tener consecuencias económicas de largo alcance: bajo qué reglas la Argentina convertirá la reducción y captura de emisiones en activos capaces de comercializarse dentro y fuera del país.