Jorge Macri acelera su hoja de ruta a 2027 y pone el foco en regular la situación de calle en la Ciudad
En el PRO porteño toma forma una estrategia política y de gestión con proyección electoral. Orden del espacio público, seguridad y una nueva regulación sobre personas en situación de calle aparecen como ejes centrales del armado del jefe de Gobierno rumbo a 2027.
El jefe de Gobierno porteño Jorge Macri comenzó a delinear una agenda con fuerte contenido político de cara a 2027, en la que gana protagonismo la idea de regular la situación de calle y reforzar la intervención estatal en el espacio público.
Según trascendió desde el entorno del oficialismo porteño, distintas áreas del Gobierno de la Ciudad trabajan desde hace semanas en proyectos orientados a reducir la cantidad de personas que deambulan o pernoctan en la vía pública, con la posibilidad de avanzar hacia mecanismos legales que habiliten una intervención más activa del Estado, incluso en casos donde la persona rechace la asistencia ofrecida.
La iniciativa se inscribe dentro de una estrategia más amplia que busca consolidar un perfil de gestión centrado en orden urbano, convivencia y seguridad, tres ejes que en el PRO consideran decisivos para sostener competitividad política en la Ciudad y proyectar liderazgo nacional.
El tema ya venía tomando volumen en la agenda pública luego del reciente cruce con el gobernador Axel Kicillof por el costo de la asistencia a bonaerenses en situación de calle alojados en la Ciudad. La administración porteña reclamó a la Provincia $27.000 millones por la atención de 2.327 personas con domicilio bonaerense en los Centros de Inclusión Social.
En paralelo, dentro del oficialismo porteño se interpreta esta agenda como parte del “plan Jorge Macri 2027”, que busca diferenciar su gestión con una impronta más firme en el uso del espacio público y la convivencia urbana, en un contexto donde la cuestión social y la seguridad ganan centralidad en la discusión política local.
La discusión abre además un debate sensible en torno a la Ley de Salud Mental y los alcances de la intervención estatal, ya que cualquier regulación sobre permanencia en la vía pública deberá equilibrar asistencia social, derechos individuales y facultades de control urbano.
