Denuncia penal contra Milei y funcionarios por prohibir el ingreso de periodistas a Casa Rosada

La diputada Marcela Pagano presentó una denuncia federal y pidió medidas urgentes para revertir la restricción al acceso de la prensa acreditada.
La diputada nacional Marcela Pagano presentó una denuncia penal contra el presidente Javier Milei y otros altos funcionarios por la decisión de prohibir el ingreso de periodistas a la Casa Rosada, una medida que —según sostiene— vulnera la libertad de prensa y el derecho a la información pública.
La presentación judicial también alcanza al jefe de Gabinete Manuel Adorni, al secretario de Comunicación Javier Lanari y al jefe de la Casa Militar, Sebastián Ibáñez.
Una medida “sin precedentes”
De acuerdo con la denuncia, el 23 de abril de 2026 el Gobierno impidió el acceso a la Casa Rosada a la totalidad de los periodistas acreditados, sin distinción de medios, e incluso avanzó en la inhabilitación de sus huellas digitales, mecanismo habitual de ingreso.
El escrito remarca que la decisión se tomó sin acto administrativo formal, sin notificación previa ni fundamentos claros, lo que —según argumenta— configura una restricción ilegítima al ejercicio del periodismo.
Además, sostiene que se trata de una medida inédita desde el retorno democrático en 1983, marcando una ruptura en la relación institucional entre el Estado y la prensa.
Argumentos oficiales y antecedentes
Según se detalla en la presentación, desde el Gobierno se habrían invocado dos razones informales: una supuesta investigación por “infiltración rusa” en medios y una denuncia penal previa por presunto espionaje contra periodistas.
En ese marco, la denuncia menciona el caso de los periodistas de TN investigados tras la difusión de un informe sobre sectores internos de la Casa de Gobierno.
También se señala un antecedente inmediato: el 6 de abril, cuando se habría aplicado una restricción selectiva de acceso a periodistas de distintos medios, lo que —según el texto— evidenciaría un patrón de limitaciones progresivas.
Acusaciones de persecución y hostigamiento
El escrito judicial advierte sobre un “contexto sistemático de hostigamiento a la prensa”, que incluiría descalificaciones públicas y medidas administrativas restrictivas.
En ese sentido, se menciona que el presidente Milei calificó públicamente a periodistas como “basuras repugnantes” y “delincuentes”, lo que —según la denuncia— agrava el cuadro y podría configurar un escenario de intimidación y autocensura.
Delitos invocados y pedido urgente
La presentación encuadra los hechos en diversos delitos del Código Penal, entre ellos abuso de autoridad, violación de deberes de funcionario público y actos discriminatorios, y solicita al juez federal la adopción de medidas urgentes para hacer cesar la restricción.
Según Pagano, la continuidad de la medida genera un daño inmediato al sistema republicano, afectando no solo a los trabajadores de prensa sino también al derecho de la ciudadanía a estar informada.
El caso abre un nuevo frente judicial para el Gobierno, en medio de una creciente tensión con el periodismo y cuestionamientos sobre el acceso a la información en ámbitos oficiales.




