Lemoine denunció a Kicillof por la pauta oficial
La diputada de La Libertad Avanza lo acusó de montar un esquema irregular con fondos públicos y pidió investigar presuntas maniobras de defraudación y direccionamiento político.
La diputada nacional Lilia Lemoine (LLA) presentó una denuncia penal contra el gobernador bonaerense Axel Kicillof y funcionarios de su gestión por el manejo de la publicidad oficial en la Provincia de Buenos Aires. La acusación sostiene que durante 2024 y 2025 se habría implementado un sistema discrecional de asignación de pauta con posibles irregularidades administrativas y penales.
Según la presentación, el gasto en publicidad oficial alcanzó cifras millonarias en pleno año electoral, con montos que superan los $60.000 millones, y se ejecutó mediante miles de órdenes de compra sin licitación ni criterios objetivos establecidos por ley.
El escrito plantea que este esquema no fue aislado sino estructural, con una lógica de distribución concentrada en determinados grupos mediáticos y con posibles vínculos políticos, lo que podría implicar un uso de recursos públicos con fines distintos a los institucionales.
La denuncia también pone el foco en la existencia de mecanismos que habrían permitido facturación duplicada a través de distintas razones sociales, así como pagos a plataformas digitales y sitios web cuya audiencia o funcionamiento real resulta difícil de verificar. En ese marco, se advierte sobre la posible utilización de estructuras interpuestas para canalizar fondos públicos.
Otro de los puntos centrales es el contexto en el que se produjo el gasto. La presentación señala que la fuerte inversión en comunicación convivió con reclamos en áreas sensibles como salud, educación y transferencias a municipios, lo que, según la denunciante, podría configurar un desvío en la prioridad del uso de los recursos estatales.
En términos jurídicos, la acusación encuadra los hechos en delitos como defraudación contra la administración pública, malversación de caudales, abuso de autoridad y negociaciones incompatibles con la función pública, entre otros.
Lemoine solicitó además medidas urgentes de prueba, incluyendo peritajes contables e informáticos, informes a organismos públicos y privados, y la preservación de documentación digital ante el riesgo de alteración o eliminación de registros clave para la investigación.
El caso abre un nuevo frente judicial y político sobre el uso de la pauta oficial en la provincia, en un contexto donde la asignación de estos recursos vuelve a quedar bajo la lupa por su impacto en el sistema de medios y en la transparencia del gasto público.
