
El tratamiento arranca el próximo miércoles en comisión, con foco en internaciones, abordaje interdisciplinario y el rol del sistema público y privado.
La Cámara de Diputados comenzará a discutir la reforma de la Ley de Salud Mental el próximo miércoles, cuando se reúna la comisión correspondiente para iniciar el análisis de los distintos proyectos que buscan modificar la normativa vigente.
El debate reabre una discusión sensible dentro del sistema sanitario argentino y enfrenta posiciones contrapuestas entre especialistas, legisladores y organizaciones del sector. La ley actual, sancionada en 2010, estableció un modelo basado en la desmanicomialización, el abordaje comunitario y la intervención interdisciplinaria, pero su implementación viene siendo cuestionada desde distintos ámbitos.
Entre los puntos centrales aparece la regulación de las internaciones, uno de los ejes más controvertidos. Algunos proyectos proponen flexibilizar los criterios para facilitar intervenciones en situaciones de riesgo, mientras que otros advierten sobre la necesidad de mantener garantías que eviten abusos o retrocesos en materia de derechos.
También se pondrá en discusión el rol de las instituciones monovalentes, el funcionamiento de los equipos interdisciplinarios y la articulación entre el sistema público y el privado. En ese marco, hay iniciativas que buscan reforzar la capacidad de respuesta frente al aumento de casos vinculados a consumos problemáticos y trastornos severos.
El tratamiento llega en un contexto de creciente demanda en salud mental, atravesado por la crisis económica y social, y con cuestionamientos sobre la falta de recursos y la dificultad para cumplir plenamente con la ley vigente.
Si bien hay consenso en la necesidad de revisar el sistema, las diferencias aparecen en la profundidad de los cambios. Algunos sectores impulsan modificaciones puntuales, mientras que otros promueven una reforma más amplia.
El inicio del debate marca el comienzo de un proceso legislativo que se anticipa extenso y con fuerte participación de actores del ámbito sanitario, académico y de derechos humanos.



