Freno judicial a la reforma de Glaciares en Santa Cruz
La Justicia Federal de Río Gallegos dictó una cautelar que suspende en Santa Cruz los efectos de la reforma a la Ley de Glaciares. El fallo ordena al Estado nacional no aplicar ni autorizar medidas derivadas de la nueva normativa que puedan afectar glaciares o ambientes periglaciares.
La reforma de la Ley de Glaciares sumó su primer gran revés judicial. El juez federal Claudio Marcelo Vázquez hizo lugar a una medida cautelar y ordenó suspender su aplicación en la provincia de Santa Cruz, tras un amparo colectivo ambiental impulsado desde El Calafate.
La resolución obliga al Estado nacional a abstenerse de ejecutar actos, autorizaciones o decisiones basadas en la modificación normativa cuando puedan tener impacto sobre glaciares, zonas periglaciares o ecosistemas sensibles. La cautelar regirá hasta que se dicte una sentencia definitiva.
El magistrado sostuvo que existe peligro en la demora, al considerar que la aplicación inmediata de la reforma podría generar daños ambientales de difícil o imposible reparación. También invocó los principios de precaución, progresividad y no regresión ambiental.
La reforma había sido promulgada por el Gobierno nacional mediante el Decreto 271/2026 y redefine el esquema de protección, con mayor intervención de las provincias en la determinación de áreas protegidas. Sus críticos advierten que ese cambio podría reducir la tutela vigente sobre ambientes periglaciares y habilitar actividades productivas antes restringidas.
Desde Santa Cruz, el Gobierno provincial defendió la actividad minera e hidrocarburífera bajo controles ambientales. El ministro de Energía y Minería, Jaime Álvarez, afirmó que la provincia tiene reglas propias y trayectoria productiva, aunque la decisión judicial abre ahora un nuevo capítulo en la disputa entre desarrollo económico, protección ambiental y competencias federales.
