IOMA asegura haber cancelado su deuda con el Garrahan
La disputa entre la Provincia de Buenos Aires y el Gobierno nacional sumó un nuevo capítulo. Mientras el Hospital Garrahan sostiene que mantiene acreencias millonarias con IOMA, la administración bonaerense afirma haber cancelado la totalidad de la deuda validada y denuncia que gran parte del monto reclamado carece de documentación respaldatoria.
El Instituto de Obra Médico Asistencial (IOMA) informó que abonó la totalidad de la deuda que reconoce con el Hospital Garrahan, por un monto superior a los $1.230 millones. Según la auditoría realizada por el organismo provincial, los casi $8.000 millones restantes reclamados por el hospital corresponderían a prestaciones sin facturación respaldatoria, pagos ya efectuados o registros que no pudieron ser verificados.
Desde el gobierno de Axel Kicillof sostienen que, tras esos desembolsos, la deuda actual de IOMA con el centro pediátrico es «cero» y propusieron realizar una auditoría conjunta para determinar el origen de las diferencias contables.
La controversia surge luego de que el Garrahan y funcionarios nacionales señalaran a IOMA como uno de los principales deudores del hospital. En distintos informes, la institución había advertido sobre el impacto financiero de las acreencias acumuladas por diversas obras sociales y había mencionado una situación particularmente crítica con la obra social bonaerense.
El conflicto también se trasladó al plano político. Legisladores de la oposición reclamaron explicaciones sobre la evolución de la deuda y cuestionaron las diferencias entre los montos reconocidos por la Provincia y los informados por el hospital.
Mientras tanto, el Garrahan continúa atendiendo a los afiliados de IOMA sin interrupciones, aunque sus autoridades reiteraron en distintas oportunidades la necesidad de regularizar los pagos para garantizar recursos destinados a medicamentos, insumos y equipamiento.
La discusión ahora gira en torno a una pregunta central: si los más de $8.000 millones reclamados corresponden efectivamente a prestaciones pendientes de cobro o si, como sostiene la Provincia, se trata de conceptos que no cuentan con respaldo administrativo suficiente para ser abonados. Una auditoría conjunta podría ser la clave para despejar esa controversia.
