Adorni suma otra polémica por su adhesión al régimen de Inocencia Fiscal
El jefe de Gabinete quedó en el centro de nuevas críticas tras acogerse al régimen simplificado previsto por la Ley de Inocencia Fiscal mientras continúa bajo investigación judicial por presunto enriquecimiento ilícito.
El jefe de Gabinete, Manuel Adorni, volvió a quedar bajo la lupa luego de que trascendiera su adhesión al régimen de Inocencia Fiscal impulsado por el propio Gobierno nacional. La información fue revelada por distintos medios en momentos en que el funcionario continúa siendo investigado por presunto enriquecimiento ilícito y aún debe presentar documentación patrimonial ante la Justicia.
Según publicó La Política Online, Adorni solicitó ingresar al régimen para regularizar su situación fiscal. Sin embargo, especialistas consultados por ese medio remarcaron que la adhesión no extingue ni suspende automáticamente una investigación penal por enriquecimiento ilícito, ya que se trata de figuras jurídicas diferentes. La causa judicial continuará evaluando el origen y la evolución de su patrimonio.
Desde el entorno del funcionario sostuvieron que no se trata de un blanqueo de capitales sino de la adhesión al régimen simplificado de Ganancias creado por la Ley de Inocencia Fiscal. En esa línea, allegados a Adorni afirmaron que tanto él como su esposa, Bettina Angeletti, “no ingresarán a ningún blanqueo” y que únicamente realizaron un trámite administrativo ante ARCA.
La controversia se produce mientras avanza la causa judicial que investiga el patrimonio del jefe de Gabinete. En los últimos días, la Justicia incorporó al expediente información extraída del teléfono celular del contratista Matías Tabar, considerado una pieza clave dentro de la investigación. El contenido ya comenzó a ser analizado por la fiscalía y por peritos judiciales.
La adhesión de Adorni generó cuestionamientos desde distintos sectores de la oposición. Dirigentes como Maximiliano Ferraro y Graciela Ocaña sostuvieron que la decisión resulta incompatible con las explicaciones públicas brindadas hasta el momento sobre su situación patrimonial. Otros referentes opositores señalaron que acogerse al régimen podría interpretarse como una admisión de inconsistencias fiscales previas, una interpretación que el oficialismo rechaza.
La Ley de Inocencia Fiscal, sancionada a fines de 2025, elevó los umbrales para la persecución penal tributaria y creó mecanismos simplificados para regularizar situaciones fiscales. El Gobierno la presentó como una herramienta destinada a reducir litigios y brindar mayor previsibilidad a los contribuyentes, mientras que sectores opositores la cuestionan por considerar que beneficia a evasores y debilita los controles estatales.
El episodio agrega un nuevo capítulo a una investigación que continúa abierta y que mantiene al principal portavoz político del Gobierno en el centro de la escena pública.
