Ferraro apuntó contra Adorni y denunció un presunto beneficio estatal para su esposa
El diputado de la Coalición Cívica vinculó la adhesión de Manuel Adorni al régimen de Inocencia Fiscal con la situación patrimonial de su esposa y acusó al Gobierno de replicar prácticas que atribuye al kirchnerismo. Desde el oficialismo rechazan las acusaciones.
La polémica en torno al jefe de Gabinete, Manuel Adorni, sumó un nuevo capítulo luego de que el diputado nacional Maximiliano Ferraro acusara al Gobierno de intentar favorecer a la esposa del funcionario mediante el régimen de Inocencia Fiscal impulsado por la administración de Javier Milei.
El legislador sostuvo que la adhesión de Adorni al nuevo esquema tributario no puede analizarse de manera aislada de la investigación judicial que enfrenta el funcionario por presunto enriquecimiento ilícito. En declaraciones reproducidas por Noticias Argentinas, Ferraro aseguró que el Gobierno estaría utilizando herramientas del Estado para beneficiar a allegados del poder político, una situación que comparó con los cuestionados vínculos entre el kirchnerismo y el empresario Lázaro Báez.
“La pregunta es si estamos ante una herramienta pensada para todos los contribuyentes o si se está utilizando para beneficiar a personas cercanas al poder”, planteó el diputado opositor, quien además reclamó mayores explicaciones sobre la evolución patrimonial del funcionario y de su entorno familiar.
Las declaraciones se producen después de que trascendiera que Adorni y su esposa, Bettina Angeletti, iniciaron trámites vinculados al régimen de Inocencia Fiscal. Desde el entorno del jefe de Gabinete sostienen que no se trata de un blanqueo de capitales ni de una regularización extraordinaria, sino de la utilización de un mecanismo previsto por la legislación vigente para simplificar cuestiones tributarias.
La controversia también se desarrolla en paralelo a la investigación judicial sobre el patrimonio de Adorni. En los últimos días, la Justicia avanzó con el análisis de información extraída del teléfono celular del empresario Matías Tabar, una de las pruebas incorporadas al expediente que busca determinar si existieron inconsistencias patrimoniales o movimientos financieros incompatibles con los ingresos declarados públicamente.
La Coalición Cívica viene siguiendo de cerca la causa y ha solicitado que se profundicen las investigaciones sobre declaraciones juradas, movimientos societarios y eventuales vínculos comerciales de personas cercanas al funcionario. Ferraro sostuvo que la transparencia debe ser un requisito ineludible para quienes integran el Gobierno y advirtió que la discusión excede el plano fiscal para ingresar en el terreno de la ética pública.
Desde la Casa Rosada, en tanto, rechazan las acusaciones y aseguran que no existe ningún trato diferencial. Funcionarios cercanos a Adorni remarcan que el régimen de Inocencia Fiscal fue diseñado para todos los contribuyentes que cumplan los requisitos establecidos por la ley y que su utilización no implica reconocimiento de irregularidades ni afecta el curso de eventuales investigaciones judiciales.
El cruce político se produce en momentos en que la oposición busca instalar el debate sobre los mecanismos de control patrimonial de los funcionarios públicos y mientras continúan las repercusiones por la aplicación de la Ley de Inocencia Fiscal, una de las iniciativas impulsadas por el Gobierno para reformar el sistema tributario y penal económico.
