La represión del Congreso a la Justicia
El abogado Gregorio Dalbón denunció penalmente a la ministra de Seguridad, Alejandra Monteoliva, y al comisario inspector de la Policía Federal Gustavo Antonio Gauna por el operativo desplegado el 6 de agosto frente al Congreso. La presentación pide investigar posibles delitos de abuso de autoridad, incumplimiento de los deberes de funcionario público, vejaciones y apremios ilegales.
La represión registrada durante la movilización contra la Ley de Inviolabilidad de la Propiedad Privada tendrá ahora un capítulo judicial. La denuncia alcanza también a los funcionarios y efectivos de las fuerzas federales que puedan resultar responsables por las decisiones y acciones desarrolladas durante el operativo.
La presentación quedó radicada en el Juzgado Federal N°1, a cargo de María Servini, con intervención de la Fiscalía Federal N°2, encabezada por Carlos Rívolo.
Un comisario de civil y con un arma larga
Uno de los puntos centrales de la denuncia es la actuación del comisario inspector Gustavo Gauna, quien, según imágenes incorporadas al planteo, aparece vestido de civil, sin identificación visible y portando un arma larga durante los incidentes.
Dalbón pidió determinar qué arma utilizó, qué tipo de munición tenía asignada, quién autorizó su portación, qué función cumplía durante la protesta y bajo qué órdenes actuaba. También solicitó que sea apartado preventivamente de sus funciones mientras avance la investigación.
La presentación busca establecer además si la participación de policías armados vestidos de civil estaba contemplada dentro del dispositivo organizado por las autoridades o si se trató de actuaciones individuales que excedieron las órdenes impartidas.
Más de 800 efectivos
Según la denuncia, aproximadamente 820 integrantes de la Policía Federal, Gendarmería Nacional y Prefectura participaron del operativo desplegado en las inmediaciones del Congreso.
Durante la jornada se utilizaron gases irritantes, proyectiles de goma y camiones hidrantes, mientras las fuerzas avanzaron sobre distintos sectores de manifestantes.
El escrito también pone el foco en las agresiones sufridas por periodistas, fotógrafos y camarógrafos. Entre los casos mencionados aparece una trabajadora de prensa que sufrió un traumatismo craneal y otros profesionales alcanzados por proyectiles durante la cobertura.
La responsabilidad política de Monteoliva
La denuncia también apunta a determinar cuál fue el rol de Alejandra Monteoliva como máxima autoridad política del Ministerio de Seguridad.
El planteo no le atribuye automáticamente responsabilidad por cada actuación individual de los efectivos, pero pide establecer si desde su cartera se impartieron, autorizaron o toleraron instrucciones contrarias a las normas que regulan el uso de la fuerza.
La investigación deberá determinar especialmente quién diseñó y autorizó el operativo, si estaba prevista la participación de personal de civil y cuáles eran las instrucciones respecto del uso de armas durante la manifestación.
Monteoliva también deberá dar explicaciones en Diputados
El conflicto tendrá, además, una derivación política. En la Cámara de Diputados avanzaron pedidos para que Monteoliva concurra al Congreso y explique el accionar de las fuerzas de seguridad durante la protesta.
La presencia de un alto jefe policial vestido de civil y armado se convirtió en uno de los principales interrogantes surgidos después de la represión.
La causa judicial deberá establecer ahora si las conductas denunciadas fueron decisiones individuales de determinados efectivos o si respondieron a un esquema previamente ordenado y autorizado por las autoridades políticas y policiales responsables del operativo.
