Congreso y deuda: el Gobierno busca cerrar el último frente judicial del default de 2001
La Casa Rosada enviará en los próximos días un proyecto para que el Parlamento ratifique el acuerdo alcanzado con los fondos que aún litigaban contra la Argentina en tribunales de Nueva York. El entendimiento apunta a clausurar uno de los últimos capítulos abiertos tras la crisis de 2001.
El Gobierno nacional avanzará la próxima semana con el envío al Congreso de un proyecto de ley para aprobar el acuerdo alcanzado con dos grupos de acreedores que continuaban litigando contra la Argentina por la deuda en default de 2001. La iniciativa, que ya fue comunicada ante la Justicia de Estados Unidos, busca cerrar uno de los últimos expedientes que seguían abiertos más de dos décadas después de la cesación de pagos.
La novedad fue informada a la jueza de Nueva York Loretta Preska, quien centraliza las causas contra el país, mediante una presentación del estudio jurídico que representa a la Argentina. En ese escrito se notificó que el acuerdo definitivo fue suscripto el 1° de abril y quedó sujeto a la aprobación legislativa, condición necesaria para que entre en vigencia.
Entre los demandantes se encuentran el fondo Attestor Master, junto con otros acreedores asociados, con reclamos que rondaban los USD 500 millones, y Bainbridge Fund, cuya sentencia firme asciende a unos USD 95 millones, más intereses. No obstante, distintas fuentes coinciden en que el monto final a desembolsar sería inferior, dado que parte de esos créditos ya fue cubierta mediante embargos previos sobre fondos argentinos en Nueva York.
El movimiento del Ejecutivo tiene una fuerte lectura política: además de desactivar un foco de presión judicial internacional, busca mostrar avances en la estrategia de normalización financiera y cierre de litigios heredados. En ese sentido, la iniciativa será observada de cerca en el Parlamento, donde podría abrirse una discusión sobre el costo fiscal del acuerdo, el esquema de pago y el alcance de las facultades del Poder Ejecutivo para avanzar en este tipo de compromisos.
El litigio se remonta al colapso económico y financiero de 2001. Si bien los canjes de deuda de 2005, 2010 y el acuerdo con holdouts de 2016 permitieron reducir gran parte del conflicto, todavía persistía un remanente de acreedores que mantuvo sus demandas en tribunales estadounidenses. Con este nuevo paso, la administración de Javier Milei apunta a cerrar uno de los últimos capítulos pendientes de aquella crisis.
