Diputados acelera un acuerdo clave para la cooperación judicial
Un plenario de comisiones dio aval al proyecto que incorpora al país al Tratado de Medellín, una herramienta que permitirá agilizar pedidos de asistencia jurídica internacional por vía electrónica. La iniciativa apunta a reducir tiempos y burocracia en causas con alcance transnacional.
La Cámara de Diputados avanzó este jueves con un paso importante en materia de cooperación internacional al emitir dictamen favorable para el proyecto que aprueba el Tratado relativo a la transmisión electrónica de solicitudes de cooperación jurídica internacional entre autoridades centrales, conocido como Tratado de Medellín.
La iniciativa fue respaldada en un plenario de las comisiones de Relaciones Exteriores y Culto y Justicia, presididas por las diputadas Juliana Santillán y Álvaro Martínez, y quedó en condiciones de ser llevada al recinto para su tratamiento.
El acuerdo, firmado en Medellín en 2019, busca modernizar la asistencia jurídica entre países mediante el uso de la plataforma electrónica Iber@, desarrollada por la Red Iberoamericana de Cooperación Jurídica Internacional (IberRed) con apoyo técnico de la COMJIB.
“El objetivo es agilizar el envío y la recepción de exhortos y pedidos de cooperación entre autoridades centrales”.
Con este mecanismo, los pedidos de colaboración entre Estados —como exhortos, notificaciones, requerimientos de prueba o asistencia judicial— podrán tramitarse por vía digital, dejando atrás parte de la operatoria diplomática tradicional, históricamente más lenta y burocrática.
La herramienta cobra especial relevancia en expedientes vinculados con causas penales, exhortos internacionales, procesos de familia y recuperación de activos, donde la rapidez en la comunicación entre jurisdicciones suele resultar determinante.
En el ámbito parlamentario, el avance del proyecto se enmarca en una agenda más amplia de tratamiento de convenios internacionales de extradición, asistencia penal y cooperación judicial, que en los últimos días también registró dictámenes sobre acuerdos con otros países.
Desde distintos bloques hubo consenso en torno a la necesidad de dotar al sistema judicial argentino de instrumentos más ágiles para actuar en causas con dimensión internacional, especialmente frente al crecimiento de investigaciones sobre delitos económicos, ciberdelitos y cooperación penal regional.
El proyecto ahora quedó listo para su debate en el recinto, donde el oficialismo buscará convertirlo en ley en las próximas sesiones.
