Legislatura bonaerense: una estructura que demanda más de $1.000 millones por día
Con un presupuesto de $378.004 millones para 2026, 138 legisladores y una planta de personal que supera los 2.200 agentes, el funcionamiento del Poder Legislativo de la provincia de Buenos Aires volvió a quedar en el centro de la discusión política, en medio de cuestionamientos por su costo y por la escasa actividad parlamentaria registrada durante gran parte del año.
La Legislatura bonaerense contará este año con recursos por $378.004 millones, una cifra que representa un gasto promedio superior a los $1.035 millones diarios para sostener la actividad de las dos cámaras que integran el Poder Legislativo provincial. Según las partidas aprobadas en el Presupuesto 2026, la Cámara de Diputados recibirá $222.800 millones y el Senado otros $156.204 millones.
El sistema legislativo de la provincia está compuesto por 92 diputados y 46 senadores, quienes perciben ingresos mensuales que oscilan entre los $5,8 y $6,3 millones, según el cargo y las responsabilidades asumidas. A esos montos se suman recursos adicionales administrados mediante módulos destinados a la contratación de asesores, gastos operativos, actividades institucionales y despliegue territorial. Los legisladores que ocupan presidencias de bloque, comisiones o cargos de conducción cuentan además con mayores asignaciones.
El volumen de recursos destinados al Parlamento provincial volvió a generar debate luego de que sectores de la oposición cuestionaran la relación entre el elevado presupuesto y la actividad efectiva de las cámaras. Durante buena parte de 2026 la Legislatura registró una reducida cantidad de sesiones y dificultades para alcanzar consensos políticos. La Cámara de Diputados recién volvió a sesionar a fines de mayo tras varios meses de inactividad, mientras que nuevas convocatorias fueron suspendidas en medio de disputas entre oficialismo y oposición.
La estructura administrativa también es motivo de discusión. Distintas estimaciones ubican en más de 2.200 la cantidad de trabajadores permanentes de ambas cámaras, aunque no existe un registro público consolidado que detalle con precisión el número total de empleados, contratados y asesores. La cuestión cobró especial relevancia a partir del denominado caso «Chocolate» Rigau, el escándalo que expuso presuntas irregularidades en el manejo de contrataciones y fondos de la Cámara de Diputados bonaerense.
En paralelo, dirigentes de La Libertad Avanza volvieron a impulsar la posibilidad de avanzar hacia una reforma constitucional que establezca un sistema legislativo unicameral. La propuesta, que también tuvo respaldo ocasional de referentes radicales y de sectores del peronismo, busca reducir costos administrativos y agilizar el tratamiento de leyes, aunque hasta el momento no logró avanzar en la agenda institucional.
La controversia también quedó expuesta en las últimas semanas a raíz de la suspensión de una sesión especial solicitada por bloques opositores para debatir la situación de IOMA. Legisladores de la UCR y el PRO acusaron al oficialismo de bloquear la discusión sobre el funcionamiento de la obra social provincial, mientras que desde el peronismo argumentaron razones de organización parlamentaria.
El presupuesto legislativo representa aproximadamente el 0,9% de los recursos totales de la Provincia y supera ampliamente las partidas asignadas a diversos organismos y programas específicos. De acuerdo con datos oficiales, la Legislatura dispone de más fondos que áreas estratégicas vinculadas a políticas de niñez, asistencia social y algunos programas sanitarios, una comparación que alimenta el debate sobre las prioridades del gasto público bonaerense.
Así, mientras continúan las discusiones sobre una eventual reforma política e institucional, el costo de funcionamiento de la Legislatura vuelve a instalarse como uno de los temas que atraviesan la agenda pública provincial, en un contexto marcado por restricciones presupuestarias y crecientes demandas sociales.
