Caso Villarreal: crece el escándalo político en Córdoba
Alejandra Vigo reclamó la renuncia de Ernesto Flores luego de que uno de sus asesores fuera detenido en una investigación que ya tiene 15 imputados. El legislador no está acusado penalmente y actualmente se encuentra de licencia.
La investigación sobre una presunta red de explotación sexual infantil en Villa de María del Río Seco generó una fuerte crisis política en Córdoba y aumentaron los pedidos para que el legislador provincial Ernesto Ramón Flores abandone definitivamente su banca.
La senadora nacional Alejandra Vigo, una de las principales referentes del peronismo cordobés y esposa del exgobernador Juan Schiaretti, sostuvo públicamente que Flores debería renunciar luego de conocerse que José Aníbal Ricardo Villarreal, quien figuraba como asesor legislativo vinculado al dirigente, se encuentra detenido e imputado en la causa.
La investigación está a cargo de la fiscal Analía Cepede y analiza hechos de grooming, abuso sexual y explotación de menores. Hasta el momento se contabilizan 14 detenidos y una persona prófuga, mientras continúan las pericias y no se descarta la aparición de nuevas víctimas o involucrados.
El caso provocó fuertes diferencias dentro del oficialismo cordobés. La Legislatura aprobó por 34 votos contra 31 una licencia de seis meses sin goce de sueldo solicitada por Flores. Sin embargo, distintos dirigentes consideran insuficiente ese apartamiento temporario y reclaman directamente su renuncia.
La oposición también impulsa una medida más severa. Legisladores opositores anticiparon que insistirán con un proyecto para excluirlo de la Unicameral, invocando el artículo 99 de la Constitución provincial y la causal de indignidad.
La controversia aumentó además luego de conocerse que otro exasesor relacionado con Flores, Ariel Alejandro Rodríguez, permaneció contratado hasta mediados de agosto pese a contar con antecedentes judiciales. Ambos colaboradores fueron finalmente desvinculados de la Legislatura.
También surgieron versiones periodísticas que indican que algunos de los episodios investigados podrían haber ocurrido en un campo perteneciente a Flores. Ese elemento forma parte de los interrogantes que rodean políticamente al legislador, aunque hasta ahora no existe una imputación penal en su contra ni se ha establecido judicialmente que tuviera conocimiento de los hechos.
La causa comenzó a tomar dimensión pública tras la desaparición de una adolescente de 14 años. La geolocalización de su teléfono permitió encontrarla en Santiago del Estero junto a otra menor de la misma edad, episodio que derivó en la ampliación de la investigación sobre una trama de captación, grooming y abusos.
Mientras la Justicia continúa con las pericias sobre teléfonos, comunicaciones y movimientos de los investigados, el caso se transformó en uno de los principales conflictos políticos de Córdoba. La presión ahora se concentra sobre Flores: para un sector del oficialismo y para la oposición, la licencia ya no resulta suficiente y debería abandonar definitivamente su banca.
