Avanza la explotación petrolera en Malvinas y Argentina prepara nuevas acciones
Rockhopper Exploration y Navitas Petroleum aceleran el desarrollo del yacimiento Sea Lion, al norte de las Islas. El proyecto prevé comenzar a perforar en 2027 y producir petróleo desde 2028. La Argentina rechaza las licencias otorgadas por las autoridades isleñas y considera ilegales las operaciones.
La disputa por los recursos naturales de las Islas Malvinas suma un nuevo capítulo con el avance del proyecto petrolero Sea Lion, impulsado por la británica Rockhopper Exploration y la israelí Navitas Petroleum en la Cuenca Malvinas Norte.
Las compañías ya adoptaron la decisión final de inversión y tienen en marcha el financiamiento, los contratos y la infraestructura necesaria para comenzar la explotación. El proyecto inicial demanda alrededor de US$2.100 millones y tiene como objetivo obtener el primer petróleo durante el primer trimestre de 2028.
Navitas controla el 65% del emprendimiento y actúa como operadora, mientras Rockhopper posee el 35% restante. La primera etapa contempla la perforación de 11 pozos submarinos, conectados a una plataforma flotante de producción, almacenamiento y descarga. Los trabajos de perforación están previstos para comienzos de 2027.
Pero durante los últimos meses las compañías fueron todavía más lejos. Navitas ejerció una opción para adquirir por aproximadamente US$125 millones la plataforma OSX-1, destinada a acelerar una nueva fase de Sea Lion. El desarrollo central proyectado contempla otros 38 pozos y podría comenzar a producir hacia fines de 2030.
Rockhopper, a su vez, lanzó a fines de agosto una operación para captar alrededor de US$180 millones con el objetivo de financiar su participación en esa expansión.
Las autorizaciones para las primeras fases fueron otorgadas por el gobierno de las islas bajo administración británica. El Reino Unido sostiene que la regulación y explotación de hidrocarburos corresponde a las autoridades isleñas, aunque Londres reconoció que aporta asistencia técnica y asesoramiento cuando es requerido.
Para la Argentina, en cambio, esas licencias carecen de validez. Cancillería considera que cualquier exploración o explotación unilateral de recursos naturales en las áreas sometidas a disputa de soberanía contradice las resoluciones de Naciones Unidas y particularmente la Resolución 31/49, que insta a las partes a evitar modificaciones unilaterales mientras continúe pendiente una solución al conflicto.
El Gobierno argentino ya rechazó formalmente la decisión de inversión de Rockhopper y Navitas y advirtió que adoptará las medidas necesarias para defender los derechos soberanos del país.
Navitas ya había sido declarada por Argentina como una empresa que desarrolla actividades hidrocarburíferas ilegales y fue inhabilitada durante 20 años para operar en territorio nacional. Rockhopper también figura entre las compañías cuyas actividades en el área fueron consideradas ilegales por las autoridades argentinas.
El avance adquiere especial relevancia porque Sea Lion dejó de ser solamente un proyecto exploratorio. Las empresas ya tienen financiamiento, contratos, equipamiento y un cronograma de perforación, mientras trabajan para ampliar incluso antes de comenzar la producción la escala prevista originalmente.
Así, mientras Argentina busca reforzar diplomáticamente su reclamo de soberanía, el desarrollo petrolero constituye uno de los principales hechos concretos capaces de alterar el escenario económico y estratégico alrededor de las Islas.
