El peronismo exige incluir a las pesqueras que operan en Malvinas en las sanciones
El bloque peronista de la Cámara de Diputados anticipó que buscará incorporar a las empresas pesqueras que operan en las Islas Malvinas al nuevo régimen de sanciones que el Gobierno de Javier Milei anunció contra compañías vinculadas con la explotación de recursos naturales en el archipiélago.
La propuesta será planteada cuando el Congreso comience a discutir la modificación de la Ley 26.659, actualmente dirigida fundamentalmente a las actividades hidrocarburíferas realizadas en la plataforma continental argentina sin autorización nacional.
Desde el bloque conducido por Germán Martínez sostienen que el endurecimiento de las medidas no debería limitarse al petróleo. La pesca constituye una de las principales fuentes de ingresos de las islas y existen compañías extranjeras que explotan esos recursos con licencias otorgadas por las autoridades isleñas. Según fuentes legislativas, algunas de esas empresas también estarían vinculadas, mediante sociedades asociadas u otras razones sociales, con operaciones autorizadas en el territorio continental argentino. El foco está puesto especialmente sobre firmas de origen español.
El reclamo aparece después de que Milei anunciara una política más dura frente a la explotación de recursos naturales en Malvinas. El 4 de septiembre, el Gobierno informó el inicio de procedimientos sancionatorios contra 45 personas y empresas presuntamente relacionadas con actividades hidrocarburíferas sin autorización argentina, incluyendo compañías, accionistas y proveedores de servicios.
El peronismo pretende ahora que el mismo criterio alcance a la actividad pesquera y que una empresa que participe de la explotación de recursos en Malvinas no pueda, directa o indirectamente, obtener simultáneamente beneficios, permisos o negocios dentro de la Argentina.
La discusión podría extenderse a otras medidas. La oposición analiza establecer que la futura Base Naval Integrada de Tierra del Fuego no pueda quedar bajo operación de fuerzas extranjeras y también impulsar una comisión investigadora para determinar si compañías favorecidas por el Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (RIGI) mantienen intereses comerciales vinculados con Malvinas.
Entre los casos mencionados aparece Harbour Energy, que participa en Southern Energy, sociedad vinculada a uno de los proyectos argentinos de exportación de GNL. La oposición apunta a revisar sus antecedentes y eventuales relaciones societarias con actividades desarrolladas en las islas.
El planteo abre así un nuevo capítulo en la discusión sobre Malvinas: además de intentar frenar el avance petrolero de Sea Lion, sectores de la oposición buscan que la política argentina abarque también la explotación pesquera, una actividad que desde hace décadas constituye uno de los pilares económicos del territorio ocupado por el Reino Unido.
El Régimen Federal de Pesca argentino ya contempla fuertes multas para embarcaciones que pesquen sin autorización en espacios donde la Argentina ejerce o reivindica derechos sobre los recursos marinos. La discusión legislativa será ahora si esas herramientas deben reforzarse con prohibiciones específicas contra las empresas que operan bajo licencias otorgadas desde Malvinas y, al mismo tiempo, mantienen intereses comerciales en el país.
