Otro escándalo en la Legislatura de Córdoba: denunciaron por abuso sexual a un empleado ligado a la UCR
Omar Manuel Ludueña, trabajador de planta permanente de la Unicameral y militante radical vinculado políticamente al espacio de Rodrigo de Loredo, fue denunciado por presunto abuso sexual agravado por el vínculo. Su defensa rechazó la acusación y sostuvo que demostrará su inocencia.
La Legislatura de Córdoba vuelve a quedar atravesada por una grave denuncia judicial. Omar Manuel “Manotas” Ludueña, empleado de planta permanente del cuerpo legislativo y dirigente vinculado a la Unión Cívica Radical, fue denunciado por una mujer por hechos de violencia de género y presunto abuso sexual agravado por el vínculo que habrían ocurrido durante su infancia y adolescencia.
Según la presentación difundida públicamente, la denunciante es hermana adoptiva de Ludueña y aseguró que los episodios habrían comenzado cuando tenía tres años y se habrían prolongado hasta los 14. La causa quedó radicada ante la Fiscalía de Delitos contra la Integridad Sexual de Segundo Turno. Las imputaciones denunciadas incluyen episodios de abuso sexual con acceso carnal.
El caso tomó inmediata dimensión política por la trayectoria del denunciado dentro de la Legislatura. Ludueña ingresó en diciembre de 2011 como asistente legislativo solicitado por el bloque de la UCR y posteriormente quedó incorporado a la planta permanente. En los últimos años cumplía funciones junto a la legisladora Alejandra Ferrero, referente del espacio político de Rodrigo de Loredo.
Apartamiento y cruce político
Tras conocerse la denuncia, Ferrero solicitó a la vicegobernadora Myrian Prunotto que se adoptaran las medidas necesarias para apartar a Ludueña de sus funciones.
Al mismo tiempo, el bloque oficialista Hacemos Unidos por Córdoba presentó un pedido de informes para determinar desde cuándo trabaja en la Legislatura, bajo qué modalidad ingresó, cómo fue su incorporación a planta permanente y para qué dirigentes y bloques prestó servicios durante esos años.
La bancada que responde al gobernador Martín Llaryora destacó en su presentación que Ludueña ingresó solicitado por la UCR y sostuvo que posteriormente habría quedado en planta permanente por requerimiento del entonces legislador provincial Rodrigo de Loredo.
Sin embargo, la exlegisladora y actual concejal radical Elisa Caffaratti dio otra precisión sobre ese recorrido: señaló que Ludueña trabajó como colaborador suyo desde 2015 y que después rindió un concurso mediante el cual obtuvo su incorporación permanente.
La defensa sostiene que es inocente
Este viernes, la defensa de Ludueña salió públicamente a responder la acusación. Su abogado, Mario Rey, sostuvo que su representado es inocente, aseguró que ya se puso a disposición de la Fiscalía y anticipó que presentará elementos de prueba para responder a la denuncia.
La defensa indicó además que tomó intervención en agosto, luego de que Ludueña conociera la existencia de la presentación judicial. Por tratarse de una investigación en trámite, hasta el momento no existe sentencia ni determinación judicial de responsabilidad penal.
Segundo caso que golpea a la Legislatura
La denuncia aparece pocas semanas después de otro caso que produjo una fuerte conmoción dentro de la política cordobesa.
En agosto fue detenido José Aníbal Ricardo Villarreal, quien figuraba como asesor del legislador oficialista Ernesto Ramón “Cañito” Flores, dentro de una investigación por grooming, abuso sexual y explotación sexual que involucra a menores de edad.
Ese expediente provocó una fuerte discusión política y llevó a la Legislatura a endurecer los controles sobre las personas contratadas como asesores. Entre las medidas anunciadas se estableció la obligación de presentar certificados de antecedentes, constancias vinculadas con el registro de deudores alimentarios y declaraciones juradas de integridad, además de mayores controles de asistencia.
La aparición del caso Ludueña reabre ahora esa discusión, pero también genera un cruce político entre oficialismo y radicalismo: semanas atrás sectores opositores habían reclamado explicaciones y responsabilidades políticas por el escándalo que involucró al asesor de un legislador peronista. Ahora es el oficialismo provincial el que pone bajo la lupa la trayectoria de un empleado identificado históricamente con la UCR.
La investigación judicial deberá determinar la existencia de los hechos denunciados y las eventuales responsabilidades. La vinculación política y laboral de Ludueña con dirigentes radicales está acreditada por su trayectoria dentro de la Legislatura, pero la denuncia penal está dirigida contra él y no contra los dirigentes con los que trabajó.
