Buscan capacitar a todo el Estado en prevención del suicidio
Un proyecto presentado en Diputados propone que todos los agentes de los poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial reciban formación obligatoria para detectar señales de alerta, intervenir ante situaciones críticas y realizar derivaciones adecuadas.
La diputada nacional Marina Salzmann, de Unión por la Patria, presentó un proyecto de ley para establecer la capacitación obligatoria, continua y permanente en prevención del suicidio, primeros auxilios psicológicos y abordaje integral de la salud mental para todo el personal del Estado nacional.
La iniciativa alcanza a trabajadores y funcionarios de los poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial, independientemente de su jerarquía, función o modalidad de contratación, y propone modificar la Ley Nacional de Prevención del Suicidio 27.130.
La capacitación incluiría herramientas para reconocer señales de alerta y factores de riesgo, brindar una primera respuesta frente a una situación de crisis y activar los mecanismos de asistencia y derivación correspondientes. Se prevé una formación inicial y posteriores actualizaciones cada dos años.
El Ministerio de Salud quedaría encargado de elaborar los contenidos básicos y disponer una plataforma virtual, gratuita y autogestionada. El Congreso y el Poder Judicial podrían desarrollar sus propios programas, siempre que respeten y homologuen los contenidos establecidos.
El proyecto también establece mecanismos para controlar su cumplimiento. Los agentes que no hayan realizado la capacitación tendrían un plazo de 60 días para regularizar su situación y la negativa reiterada e injustificada podría ser considerada una falta administrativa. Además, se contempla la elaboración de un informe anual sobre el nivel de cumplimiento.
Una ampliación de la ley vigente
La Ley 27.130, sancionada en 2015 y reglamentada en 2021, ya considera de interés nacional la prevención, asistencia y posvención del suicidio y establece acciones de capacitación destinadas especialmente a sectores como salud, educación, seguridad, justicia y contextos de encierro.
La diferencia central de la nueva propuesta es que busca extender esa formación de manera obligatoria a todo el personal de los tres poderes del Estado, tomando como referencia otros esquemas nacionales de capacitación obligatoria, como la Ley Micaela y la Ley Lucio.
Una cifra que encendió las alarmas
La iniciativa se presenta en un contexto de fuerte preocupación por el crecimiento de los suicidios en la Argentina.
Los últimos datos del Sistema Nacional de Información Criminal registraron 5.209 víctimas de suicidio durante 2025, un 22,6% más que en 2024. La tasa nacional alcanzó los 11,8 casos cada 100.000 habitantes, frente a los 9,7 del año anterior.
La magnitud también puede observarse al compararla con otras muertes violentas: durante 2025 la tasa de homicidios dolosos fue de 3,6 cada 100.000 habitantes, considerablemente inferior a la registrada por suicidios.
El impacto es particularmente preocupante entre adolescentes y adultos jóvenes y presenta una marcada diferencia por sexo, con una fuerte mayoría de víctimas varones.
El proyecto parte de la idea de que los agentes estatales suelen encontrarse en contacto directo con personas atravesadas por situaciones de vulnerabilidad, ya sea en hospitales, escuelas, organismos administrativos, fuerzas de seguridad, tribunales o servicios sociales. La capacitación permitiría que una señal de alarma pueda ser reconocida tempranamente y derivada hacia los dispositivos especializados.
La propuesta deberá ahora iniciar su recorrido en la Cámara de Diputados y ser analizada en las comisiones correspondientes antes de poder llegar al recinto.
