El Senado aprobó ascensos militares, avaló la embajada en Canadá y recibió más de 60 pliegos judiciales
En una sesión marcada por debates políticos y definiciones institucionales, la Cámara alta avanzó con ascensos en las Fuerzas Armadas, designaciones diplomáticas y el ingreso de pliegos para jueces, fiscales y defensores.
El Senado de la Nación llevó adelante una sesión ordinaria presidida por la vicepresidenta Victoria Villarruel, en la que avanzó sobre una amplia agenda de acuerdos remitidos por el Poder Ejecutivo. Entre los principales puntos, la Cámara aprobó los ascensos militares de altos mandos de las Fuerzas Armadas, avaló la designación de autoridades en la Autoridad Nacional de la Competencia y dio ingreso formal a más de 60 pliegos judiciales que serán analizados por la Comisión de Acuerdos.
La jornada comenzó con un minuto de silencio en homenaje a los 649 caídos en la Guerra de Malvinas, y luego el cuerpo trató cuestiones de privilegio planteadas por distintos senadores. Posteriormente, el secretario parlamentario Agustín Giustinian dio lectura a los pliegos correspondientes a magistrados, fiscales, defensores y conjueces, en un movimiento que abre una nueva etapa en la cobertura de vacantes dentro del Poder Judicial.
En materia militar, el Senado aprobó por 70 votos afirmativos y 2 negativos los ascensos de jefes del Ejército, la Armada y la Fuerza Aérea, aunque uno de los pliegos vinculados a esta última fuerza quedó postergado para una próxima sesión. La aprobación fue defendida por la ministra de Seguridad y senadora Patricia Bullrich, quien sostuvo que era necesario agilizar el tratamiento de los altos mandos y reivindicó el rol institucional de las Fuerzas Armadas.
Uno de los momentos de mayor tensión política se produjo con la aprobación, por 45 votos a favor y 26 en contra, del pliego de la exsenadora Lucila Crexell como embajadora extraordinaria y plenipotenciaria ante Canadá. Desde la oposición, la senadora Florencia López cuestionó con dureza la designación y la vinculó con la votación de la Ley Bases, mientras que desde el oficialismo se defendió la postulación en nombre de la representación federal de intereses provinciales.
Además, el cuerpo aprobó por unanimidad las designaciones en la Autoridad Nacional de la Competencia, en el marco de la Ley 27.442, una decisión que el oficialismo presentó como parte del fortalecimiento institucional y la adecuación a estándares internacionales promovidos por la OCDE.
