Acampe y protesta de los policías de Santa Cruz
Autoconvocados de Santa Cruz mantienen las carpas de protesta tras el fracaso de la negociación salarial. Reclaman una recomposición urgente y advierten que podrían endurecer las medidas si el Gobierno de Claudio Vidal no mejora la oferta.
El conflicto policial en Santa Cruz volvió a escalar. Tras una nueva reunión sin acuerdo en la Mesa del Salario, efectivos autoconvocados resolvieron mantener las carpas de protesta instaladas en distintas localidades de la provincia y rechazaron el pedido del Gobierno de levantar las medidas de fuerza como condición para continuar el diálogo.
El eje del reclamo es salarial. Los policías piden una recomposición que impacte en el básico, rechazan sumas en negro y exigen un piso inicial cercano a los $2,8 millones, además de una actualización del valor punto. Según los referentes del sector, los ingresos actuales quedaron muy por debajo del costo de vida en la Patagonia y no alcanzan para cubrir las necesidades básicas de las familias policiales.
La protesta tiene epicentro en Río Gallegos, donde los efectivos sostienen la denominada “Carpa de la Dignidad” y realizaron movilizaciones hacia dependencias oficiales. También hubo manifestaciones en otras localidades, con participación de familiares, personal retirado, penitenciarios y bomberos.
Desde el Gobierno provincial, el secretario de Trabajo Javier Aravena habría planteado la necesidad de levantar los acampes para sostener nuevas instancias de negociación. Los autoconvocados denunciaron además presiones por posibles sanciones, descuentos salariales y acciones judiciales contra referentes del reclamo.
El gobernador Claudio Vidal reconoció públicamente que el planteo salarial es “justo”, pero advirtió que la provincia atraviesa una situación financiera compleja. En ese marco, el Ejecutivo evalúa alternativas como gestionar fondos ante Nación o reasignar partidas provinciales para mejorar la propuesta.
El conflicto también tuvo impacto en el plano nacional. Ante el quite de colaboración y la tensión en la fuerza provincial, el Gobierno nacional dispuso el apoyo de fuerzas federales para tareas de patrullaje, con intervención de Gendarmería, Prefectura, Policía Federal, PSA y el Servicio Penitenciario Federal.
Lejos de descomprimirse, la protesta se transformó en uno de los conflictos salariales más sensibles de Santa Cruz. Los efectivos aseguran que no buscan un enfrentamiento institucional, sino una respuesta concreta a la pérdida del poder adquisitivo. Mientras tanto, la falta de acuerdo mantiene abierta una crisis que combina reclamos laborales, presión callejera y preocupación por la seguridad en la provincia.
