Discapacidad: Reclamo federal
Personas con discapacidad, familias, prestadores e instituciones realizaron un banderazo en distintos puntos del país para exigir la plena aplicación de la Ley de Emergencia en Discapacidad.
La crisis del sistema de discapacidad volvió a expresarse en las calles. Organizaciones de personas con discapacidad, familiares, trabajadores, profesionales e instituciones realizaron este miércoles un banderazo federal para reclamar el cumplimiento efectivo de la Ley de Emergencia en Discapacidad, aprobada por el Congreso y vigente hasta el 31 de diciembre de 2026.
La convocatoria tuvo epicentro en la Ciudad de Buenos Aires, con una concentración frente al Congreso, pero también se replicó en Córdoba, Río Cuarto, La Plata y otros puntos del país. Además del banderazo, se realizaron clases públicas, asambleas y acciones de visibilización para denunciar el deterioro de las prestaciones, las demoras en pagos, los obstáculos en el acceso a tratamientos y la incertidumbre que atraviesan miles de familias.
Desde la Asamblea de Trabajadores de Inclusión advirtieron que, a casi un año de la sanción de la norma, su implementación plena sigue pendiente. El reclamo apunta al financiamiento del sistema, la actualización de aranceles, la continuidad de terapias y tratamientos, la protección de las pensiones no contributivas y el sostenimiento de instituciones que brindan prestaciones básicas.
Las organizaciones también denunciaron un cuadro de retroceso más amplio, marcado por la baja del plan Remediar, el desmantelamiento de áreas de atención primaria, dificultades en el transporte gratuito y mayores trabas administrativas para acceder o conservar derechos ya reconocidos.
La Ley 27.793 declaró la emergencia nacional en discapacidad en todo el territorio argentino y estableció obligaciones del Estado para garantizar derechos vinculados a salud, rehabilitación, educación, protección social y trabajo. Sin embargo, tras su sanción, el Gobierno de Javier Milei intentó frenarla mediante el veto presidencial. Luego, Diputados y Senado insistieron con los dos tercios y dejaron sin efecto esa decisión.
Pese a ello, el colectivo denuncia que la ley continúa sin aplicarse de manera plena. Por eso, además de las movilizaciones, acompañan presentaciones judiciales y pedidos de celeridad en causas vinculadas al incumplimiento de la norma.
El banderazo federal buscó instalar un mensaje claro: la emergencia no es sólo una declaración legislativa, sino una realidad cotidiana para las personas con discapacidad y sus familias. Sin financiamiento, sin prestaciones garantizadas y sin respuestas del Estado, los derechos reconocidos por ley quedan en suspenso.
