AUH en la mira: polémico proyecto busca quitar el beneficio a menores condenados
La iniciativa, impulsada por el diputado entrerriano Francisco Morchio, propone suspender la Asignación Universal por Hijo a adolescentes con condena firme y prisión efectiva. La propuesta reaviva el debate por la baja de la edad de imputabilidad y genera cuestionamientos por un eventual “doble castigo”.
A pocos días de la aprobación en Diputados del nuevo Régimen Penal Juvenil, el debate sobre la política criminal y social volvió a instalarse en el Congreso. Esta vez, por un proyecto presentado por el diputado nacional entrerriano Francisco Morchio, que propone suspender la Asignación Universal por Hijo (AUH) a adolescentes que hayan sido declarados penalmente responsables y cumplan una condena firme de prisión efectiva.
La iniciativa plantea modificar la Ley 24.714 para establecer que el beneficio quede suspendido durante todo el tiempo que dure la condena. El texto prevé que la asignación solo pueda restablecerse una vez cumplidas las medidas judiciales y siempre que el joven no haya alcanzado la mayoría de edad al momento de solicitar la restitución.
En los fundamentos, Morchio sostiene que la legislación vigente no contempla expresamente la suspensión del beneficio frente a delitos cometidos por menores y argumenta que, mientras dure la condena, el Estado asume la tutela integral del adolescente, por lo que no correspondería mantener el pago a su grupo familiar. La propuesta se inscribe en el endurecimiento del debate parlamentario en materia de seguridad y niñez, luego de que la Cámara baja avanzara con la reducción de la edad de imputabilidad a 14 años.
Sin embargo, la iniciativa ya genera fuertes reparos entre especialistas en niñez y sectores de la oposición, que advierten que la medida podría configurar un “doble castigo”: la sanción penal para el adolescente y, al mismo tiempo, la quita de un ingreso destinado a sostener derechos básicos como alimentación, salud y escolaridad dentro del núcleo familiar. Bajo esa mirada, el recorte del beneficio no recaería solo sobre el joven condenado, sino también sobre hermanos y convivientes que dependen de ese ingreso.
La discusión promete trasladarse al Congreso en las próximas semanas, donde el proyecto podría sumar apoyos entre los sectores que vienen impulsando reformas punitivas, aunque también anticipa un fuerte debate constitucional y social sobre el alcance de las políticas de protección de la infancia.
