Banco Nación dio marcha atrás con los créditos hipotecarios para funcionarios tras la polémica
La entidad eliminó la normativa que habilitaba el acceso de cargos políticos y electivos a líneas hipotecarias con condiciones diferenciales. La decisión llegó luego del escándalo por los préstamos millonarios otorgados a funcionarios, legisladores y miembros del equipo económico.
El Banco de la Nación Argentina resolvió dar de baja la norma que permitía a funcionarios públicos, legisladores y cargos políticos acceder a créditos hipotecarios bajo la línea “Más Hogares con BNA”, luego de la fuerte controversia pública generada por la difusión de préstamos millonarios tomados por integrantes del Gobierno y del Congreso.
La decisión se formalizó a través de la circular N° 0092/2026, que eliminó el apartado incorporado en septiembre de 2024 dentro de la Reglamentación 802, donde se incluía expresamente a “cargos políticos designados por resolución o electivos” entre los sujetos habilitados para solicitar estas líneas de financiamiento.
La polémica estalló luego de que trascendiera que al menos 40 funcionarios, legisladores y miembros del Poder Judicial habían accedido a créditos hipotecarios con tasas que oscilaron entre 4,5% y 6% anual, plazos de hasta 30 años y financiamiento de hasta el 90% del valor del inmueble, condiciones notablemente más favorables que las ofrecidas por la banca privada. Entre los nombres mencionados figuran Federico Furiase, Felipe Núñez y Pedro Inchauspe, además de diputados nacionales de distintos bloques.
Según explicó el propio banco, las tasas y plazos no eran discrecionales, sino que surgían de una línea comercial específica para empleados del sector público. Sin embargo, uno de los puntos más cuestionados fue que la normativa también habilitaba el acceso a segunda o tercera vivienda, incluso en barrios cerrados, lo que alimentó las críticas opositoras y el malestar social en un contexto donde la mayoría de los solicitantes particulares enfrenta fuertes dificultades para calificar.
La controversia ya derivó en denuncias judiciales en la Justicia Federal para investigar si existieron privilegios, abuso de autoridad o tráfico de influencias. Paralelamente, el Banco Nación abrió una auditoría interna y aseguró que pondrá toda la documentación a disposición de los tribunales para acreditar que no hubo irregularidades en el otorgamiento de los préstamos.
En términos políticos, el episodio impactó de lleno sobre el discurso oficial contra la “casta”, ya que varios de los beneficiarios pertenecen al círculo más cercano del equipo económico de Luis Caputo y al oficialismo legislativo. La marcha atrás del Banco Nación aparece así como una respuesta directa al costo político del caso.
