Caraguatay: denuncian desvíos y agravan la crisis del intendente misionero
A la investigación judicial por presunto abuso sexual contra el jefe comunal Mario Peyer se sumaron denuncias por presuntas irregularidades en la administración municipal. La gestión interina detectó gastos sin justificar, medicamentos vencidos y personal que no se presentó a trabajar.
La situación política en Caraguatay, Misiones, se agravó en las últimas horas luego de que la administración interina denunciara una serie de presuntas irregularidades en el manejo de recursos públicos, en paralelo con la causa judicial que involucra al intendente en uso de licencia, Mario Peyer, investigado por una denuncia de presunto abuso sexual.
De acuerdo con el relevamiento realizado durante el primer mes de intervención administrativa, la intendenta interina Norma Gularte informó la existencia de desvíos en el uso del combustible municipal, pagos salariales a personas que no habrían cumplido funciones y la presencia de medicamentos vencidos en dependencias sanitarias de la comuna.
Uno de los puntos que más preocupación generó fue el destino de los recursos logísticos del municipio. Según precisó la gestión provisoria, el 38% del combustible habría sido asignado al vehículo particular del intendente, mientras que otro porcentaje relevante se habría destinado a un camión perteneciente a un familiar directo. La denuncia también incluye el hallazgo de al menos 20 personas que no se presentaron a trabajar, entre ellas varios allegados al jefe comunal, con salarios cercanos al millón de pesos.
La revisión también alcanzó el área contable y administrativa. Desde la comuna señalaron que no pudieron acceder de inmediato a la documentación digital porque no les fueron entregadas las claves del sistema, situación que obligó a realizar presentaciones ante la Fiscalía y la comisaría local con respaldo documental.
En paralelo, la causa penal contra Peyer continúa su curso en el Juzgado de Instrucción N°1 de Puerto Rico, donde el intendente debía presentarse a declaración indagatoria este miércoles. La investigación se inició tras la denuncia de una empleada del Concejo Deliberante por presuntos hechos de acoso y abuso sexual ocurridos durante 2025.
El vencimiento de la licencia solicitada por Peyer abre además un nuevo frente institucional: en su entorno sostienen que podría retomar el cargo en las próximas horas si no media una medida judicial restrictiva, mientras desde la administración interina aguardan la definición de la Justicia.
La superposición entre la causa penal y las denuncias por presunta malversación profundiza la crisis política en el municipio, donde ya se anticipan pedidos de informes y eventuales nuevas acciones judiciales por el manejo de fondos públicos.
