La Defensoría del Pueblo bonaerense cuestionó el proyecto enviado por el Gobierno al Congreso y advirtió que el beneficio dejaría de ser automático para gran parte del país.
La discusión por los subsidios energéticos sumó un nuevo foco de conflicto. La Defensoría del Pueblo de la provincia de Buenos Aires alertó que el proyecto impulsado por el Gobierno nacional para reformar el régimen de “Zona Fría” podría dejar sin descuentos en las tarifas de gas a millones de usuarios que actualmente reciben el beneficio.
El planteo fue realizado por el Defensor del Pueblo Adjunto bonaerense, Walter Martello, quien sostuvo que la iniciativa “convierte un derecho adquirido en una prestación condicional” y calificó la medida como “un recorte encubierto”.
El proyecto oficial, identificado como MEN-2026-137, propone modificar el esquema vigente desde la ampliación de la Ley 27.637 de 2021, que había incorporado a más de 230 departamentos de 14 provincias al régimen de descuentos sobre el consumo de gas.
De aprobarse sin cambios, el subsidio automático quedaría limitado exclusivamente a la Patagonia, la Puna y Malargüe, mientras que el resto de las zonas incorporadas en los últimos años sólo podría acceder al beneficio si los hogares cumplen criterios de vulnerabilidad socioeconómica y están inscriptos en el sistema de Subsidios Energéticos Focalizados (SEF).
La reforma impactaría especialmente en municipios de la provincia de Buenos Aires, Córdoba, Santa Fe, Mendoza, San Luis y otras provincias del centro y norte del país. Según datos difundidos por la Defensoría, más de 3,3 millones de usuarios perderían el beneficio automático.
Actualmente, el régimen contempla descuentos del 30 % y del 50 % para usuarios vulnerables sobre el componente gas de la factura. El Gobierno argumenta que el esquema vigente genera un fuerte costo fiscal y que el fondo fiduciario que financia el sistema ya no alcanza para cubrir las compensaciones.
Además del cambio en el acceso al subsidio, el proyecto habilita que el Poder Ejecutivo determine por reglamentación la magnitud de las bonificaciones futuras, algo que desde la Defensoría consideran jurídicamente cuestionable por dejar sin precisiones legales el alcance del beneficio.
La iniciativa ya ingresó al Congreso y anticipa un fuerte debate político, especialmente en provincias y municipios que quedarían excluidos del esquema ampliado aprobado durante 2021.
