Nueva denuncia por contrataciones en ANDIS profundiza la pelea interna en el Gobierno
Un informe enviado a Comodoro Py por el entorno del ministro de Salud, Mario Lugones, volvió a sacudir a la Agencia Nacional de Discapacidad y expuso nuevas tensiones dentro del oficialismo entre sectores alineados con Karina Milei y el ministro de Economía, Luis Caputo.
El conflicto interno en el Gobierno nacional sumó un nuevo capítulo luego de que el Ministerio de Salud remitiera a la Justicia federal una denuncia por presuntos sobreprecios en compras realizadas por la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS). Según reveló La Política Online, el informe habla de diferencias de precios que, en algunos casos, alcanzarían hasta el 4000%.
La presentación fue enviada a los tribunales de Comodoro Py y apunta a contrataciones realizadas durante la gestión de Diego Spagnuolo, ex titular del organismo y dirigente cercano al círculo presidencial. La movida fue interpretada en despachos oficiales como un avance del sector que responde a Lugones sobre áreas vinculadas políticamente a Karina Milei.
La causa por las irregularidades en ANDIS ya venía escalando desde el año pasado, a partir de audios y denuncias que derivaron en investigaciones judiciales por presunto direccionamiento de contratos, pedidos de retornos y maniobras con proveedores del Estado.
En paralelo, distintos medios nacionales señalaron que la Justicia investiga contrataciones millonarias de medicamentos e insumos para personas con discapacidad. Según publicaciones de Clarín y otros portales, el expediente incluye sospechas de fraude por cifras multimillonarias y ya provocó indagatorias a ex funcionarios y empresarios ligados al organismo.
El caso también tuvo repercusiones políticas dentro del Congreso. Meses atrás, sectores de la oposición impulsaron pedidos de interpelación dirigidos a Karina Milei y al propio Mario Lugones para que brindaran explicaciones sobre las denuncias vinculadas a ANDIS.
La nueva ofensiva judicial profundiza así las diferencias internas dentro del oficialismo, en un contexto donde las disputas por el control de áreas sensibles del Estado comenzaron a trasladarse abiertamente a los tribunales federales.
