Diputados avanza con la ley de lobby
La Cámara baja comenzó a analizar un proyecto impulsado por el Gobierno para establecer reglas de transparencia sobre las gestiones que realizan empresas, organizaciones y representantes sectoriales ante funcionarios y legisladores. La iniciativa crea registros públicos, obliga a informar reuniones y prevé sanciones para quienes incumplan las normas.
Las comisiones de Asuntos Constitucionales y de Legislación General de la Cámara de Diputados iniciaron este miércoles el tratamiento del proyecto de ley que crea un Régimen de Transparencia y Publicidad de la Gestión de Intereses, una iniciativa que busca regular la actividad de los denominados «lobbies» y dar mayor visibilidad a los contactos entre actores privados y funcionarios públicos.
El proyecto, enviado por el Poder Ejecutivo, propone la creación de un Registro Público de Gestiones e Intereses en el que deberán inscribirse quienes actúen representando intereses empresariales, sectoriales o institucionales ante organismos del Estado. Además, deberán presentar declaraciones juradas identificando a sus clientes, representados o beneficiarios.
La iniciativa también obliga a registrar datos de cada reunión o gestión realizada, incluyendo fecha, modalidad del encuentro, organismo involucrado y una síntesis de los temas tratados. El objetivo, según explicó el oficialismo durante el plenario, es otorgar «mayor transparencia, trazabilidad y visibilidad» a una actividad que actualmente se desarrolla sin una regulación específica.
Entre los puntos más relevantes figura un esquema de sanciones para quienes incumplan las obligaciones previstas. El texto contempla multas económicas, inhabilitaciones para ejercer actividades de representación de intereses y penas para casos vinculados a la representación clandestina de intereses extranjeros.
Durante el debate surgieron cuestionamientos de distintos bloques opositores. Legisladores de diversas bancadas reclamaron que el régimen también alcance al Poder Judicial y advirtieron sobre la necesidad de precisar la definición de «gestión de intereses» para evitar que organizaciones sociales, académicas o periodísticas queden comprendidas de manera excesivamente amplia dentro de la normativa.
El tratamiento continuará en comisión durante las próximas semanas y forma parte de una agenda legislativa impulsada por la Casa Rosada que también incluye el proyecto de Súper RIGI, destinado a promover inversiones de gran escala en sectores tecnológicos y estratégicos.
