Crece el rechazo docente a la reforma de Jorge Macri
CTERA se sumó a las críticas de los gremios porteños contra los cambios introducidos por el Gobierno de la Ciudad en el Estatuto Docente. Los sindicatos denuncian una reforma unilateral que modifica el acceso a cargos, los traslados, las licencias y la evaluación del desempeño.
El conflicto entre el Gobierno de Jorge Macri y los gremios docentes porteños se profundizó luego de que la Confederación de Trabajadores de la Educación de la República Argentina (CTERA) manifestara su rechazo a las modificaciones introducidas en la reglamentación del Estatuto Docente de la Ciudad de Buenos Aires.
La organización nacional respaldó el reclamo de la Unión de Trabajadores de la Educación (UTE), que denunció que el Ministerio de Educación porteño avanzó con los cambios sin abrir una instancia previa de diálogo con los sindicatos y las comunidades educativas.
Los gremios sostienen que la resolución modifica aspectos centrales de la carrera docente, como el acceso a los cargos, los traslados entre establecimientos, el régimen de licencias, la capacitación profesional y los criterios utilizados para evaluar el desempeño de los maestros.
Denuncian una reforma sin participación sindical
UTE afirmó que las modificaciones fueron adoptadas de manera “unilateral e inconsulta” y advirtió que afectan directamente las condiciones laborales y las posibilidades de crecimiento profesional dentro del sistema educativo porteño.
La entidad sindical cuestionó que el Gobierno haya excluido del debate a los representantes de quienes trabajan diariamente en las escuelas y reclamó que cualquier transformación del régimen docente sea discutida mediante mecanismos de negociación colectiva.
CTERA se sumó al planteo y calificó al Estatuto Docente como una conquista histórica construida durante décadas de organización gremial. Según la confederación, la normativa garantiza la estabilidad laboral, la carrera profesional, el acceso transparente a los cargos y la protección de los derechos adquiridos.
“El Estatuto Docente no se toca” se convirtió en la principal consigna de las organizaciones, que advirtieron que no acompañarán medidas que puedan generar precarización laboral o debilitar las condiciones de trabajo en las escuelas públicas.
Qué cambios impulsa el Gobierno porteño
El Ejecutivo porteño asegura que la actualización busca reducir la rotación de maestros, premiar la formación continua, mejorar la evaluación profesional y ordenar el régimen de licencias.
Entre las principales modificaciones se establece que los docentes deberán acreditar una antigüedad mínima de dos años como titulares de una escuela antes de solicitar un traslado. También se otorgará prioridad para acceder a determinados cargos a quienes ya cuenten con al menos doce meses de trabajo en el mismo establecimiento.
La asistencia tendrá además una mayor incidencia en la evaluación anual. Para obtener las calificaciones más altas, los maestros deberán alcanzar un presentismo mínimo del 90 por ciento.
También se modificarán las licencias por razones particulares, que pasarán a computarse por trabajador y no por cada cargo que desempeñe. Esas solicitudes tendrán un límite anual, mientras que las licencias para rendir exámenes en carreras terciarias o universitarias quedarán restringidas a tres días hábiles.
El Gobierno sostiene que estas medidas permitirán consolidar equipos educativos más estables, reducir las interrupciones en las aulas y reconocer a los docentes que cumplen regularmente con sus tareas.
Una discusión que promete trasladarse a las escuelas
Desde los sindicatos rechazan que la estabilidad de los equipos o los problemas de funcionamiento del sistema puedan resolverse limitando derechos laborales. También reclaman inversiones en infraestructura, tecnología, cargos docentes y equipos de acompañamiento.
UTE pidió una reunión con la ministra de Educación porteña, Mercedes Miguel, para discutir tanto los cambios en el Estatuto como las dificultades detectadas en otras reformas educativas implementadas durante el año.
Mientras el Gobierno anticipó que las nuevas disposiciones comenzarán a aplicarse progresivamente desde 2027, las organizaciones sindicales preparan acciones para defender la normativa vigente y exigir la apertura de una mesa de negociación.
El enfrentamiento abre así un nuevo foco de conflicto para la administración de Jorge Macri, que deberá enfrentar una creciente resistencia gremial antes de poner en marcha la reforma de la carrera docente.
