La “Inocencia Fiscal” suma adhesiones libertarias y abre un nuevo frente político
La incorporación de funcionarios, asesores y dirigentes cercanos a Javier Milei al Régimen Simplificado de Ganancias reavivó la discusión sobre la denominada Ley de Inocencia Fiscal. Mientras el oficialismo defiende la medida como una herramienta de simplificación tributaria, la oposición cuestiona que referentes del propio Gobierno se beneficien de un esquema que ellos mismos impulsaron.
Una investigación periodística reveló que entre los adherentes al régimen aparecen nombres de peso dentro del oficialismo, entre ellos el ministro de Desregulación, Federico Sturzenegger; el diputado José Luis Espert; colaboradores del vocero presidencial Manuel Adorni; y figuras vinculadas al entorno político de Santiago Caputo. La información generó repercusiones inmediatas en el Congreso y alimentó cuestionamientos sobre posibles conflictos de interés.
La polémica surge en un contexto en el que el Gobierno busca profundizar el programa destinado a incentivar el ingreso al circuito formal de ahorros no declarados y facilitar el uso de los llamados “dólares del colchón”. En los últimos días, el Ministerio de Economía avanzó además en un nuevo proyecto para ampliar los beneficios del régimen, eliminando topes patrimoniales y de ingresos que actualmente limitan el acceso de algunos contribuyentes.
La Ley 27.799, aprobada a fines de 2025 y reglamentada durante este año, modificó aspectos centrales del régimen tributario argentino. Entre otras medidas, elevó significativamente los montos mínimos para configurar delitos de evasión fiscal, redujo plazos de prescripción para contribuyentes cumplidores y creó un sistema simplificado de declaración jurada para personas humanas.
Desde el Gobierno sostienen que la norma busca reemplazar una lógica de control generalizado por un esquema basado en la presunción de buena fe del contribuyente. Según la explicación oficial, el objetivo es reducir la carga administrativa, concentrar las fiscalizaciones en casos relevantes y favorecer la formalización de ahorros que hoy permanecen fuera del sistema financiero.
Sin embargo, la aparición de funcionarios entre los adherentes impulsó nuevas críticas. Este miércoles el diputado nacional Esteban Paulón presentó un proyecto para excluir del régimen a funcionarios, exfuncionarios y familiares directos de personas vinculadas al Estado durante la última década. La iniciativa fue difundida bajo la consigna de impedir que el mecanismo pueda ser utilizado para regularizar fondos provenientes de hechos de corrupción o situaciones incompatibles con la función pública.
La controversia también alcanzó a Manuel Adorni y a su entorno familiar, luego de publicaciones periodísticas que vincularon a integrantes de su círculo con la adhesión al sistema simplificado. Desde sectores opositores afirman que el caso refuerza la necesidad de establecer restricciones especiales para quienes ejercen funciones públicas, mientras que desde La Libertad Avanza remarcan que se trata de un régimen abierto a todos los contribuyentes que cumplan los requisitos legales.
Más allá de la discusión política, el debate expone una tensión de fondo: la intención oficial de flexibilizar controles para incentivar la formalización de capitales frente a los reclamos de mayores mecanismos de transparencia cuando se trata de funcionarios y personas cercanas al poder. Con un nuevo proyecto en camino y la oposición preparando iniciativas para limitar su alcance, la “Inocencia Fiscal” se convirtió en uno de los temas más sensibles de la agenda económica y política de las últimas semanas.
